Los diputados de la UDI Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez lanzaron una dura advertencia al Gobierno tras la confirmación del ministro de Economía, Nicolás Grau, de reingresar al Congreso la cuestionada disposición que limita el despido de funcionarios a contrata. Los parlamentarios calificaron la medida como un intento del Ejecutivo de asegurar estabilidad a personal afín políticamente, señalando que se trata de una norma "inmoral" y de carácter "permanente", incluida dentro de la ley de reajuste del sector público.
"No vamos a permitir que, sin ningún pudor, se pretenda incluir en una ley de reajuste una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno", señalaron los gremialistas. En esa línea, fueron categóricos al advertir que, de persistir, impulsarán un juicio político contra Grau: "Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo".
También cuestionaron el impacto social que tendría la medida, acusando una desconexión del Ejecutivo con la realidad laboral del país. "No permitiremos que el Estado se transforme en una agencia de empleo para los partidarios del gobierno, mientras miles de chilenos especialmente mujeres sufren el drama de la cesantía", afirmaron.
Ramírez y Alessandri añadieron que iniciarán coordinación con toda la oposición incluido el Partido de la Gente para reunir apoyos a una eventual acusación constitucional. "El gobierno fue derrotado en las urnas y también culturalmente, y estas malas prácticas deben ser erradicadas", aseguraron.
Los diputados concluyeron señalando que el ministro queda formalmente advertido: "Si insiste con esta norma de amarre, lo vamos a a usar constitucionalmente en marzo, por lo que se puede dar por notificado".
Esta nueva disputa entre el Gobierno y la oposición se enmarca en un contexto de creciente tensión política, donde ambos bandos buscan imponer su agenda y visión para el país. La acusación constitucional anunciada por los diputados de la UDI representa un desafío importante para el Ejecutivo, que deberá decidir si mantiene su posición o cede ante la presión de la oposición.
Es evidente que el debate en torno a esta medida va más allá de lo meramente laboral, y se inserta en una lucha por el control del aparato estatal y la influencia política. Será fundamental seguir de cerca los próximos pasos de ambas partes, a fin de comprender el alcance y las implicaciones de este nuevo capítulo de la confrontación política en Chile.
