El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado un salario mínimo "vital" que entrará en vigor en 2026. Esta medida, según Petro, permitirá a los trabajadores "recuperar poder adquisitivo" y contará "por primera vez" con un sueldo mínimo fijo por ley.
El mandatario hizo el anuncio durante un discurso a la nación con motivo de la festividad de Navidad, en el que destacó que el monto del salario mínimo vital dependerá de "la canasta mínima vital de una familia, cuánta gente trabaja en promedio en la familia" y que estará "basado en la OIT, la Constitución y en la jurisprudencia".
Esta iniciativa llega después de que Petro decretara la semana pasada una emergencia "económica y social" por un período de 30 días. Esto le permitirá aprobar nuevos impuestos, al alegar la "incapacidad material y jurídica de garantizar (...) el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de unos servicios públicos esenciales" tras la negativa del Congreso a la reforma tributaria con la que el Ejecutivo esperaba recaudar 16.300 millones de pesos (cerca de 3.700 millones de euros) para completar el presupuesto de 2026.
El anuncio del salario mínimo vital se enmarca en un contexto de tensión entre el Gobierno y el Congreso de Colombia. Petro ha enfrentado dificultades para sacar adelante su agenda económica y social, lo que lo ha llevado a recurrir a medidas excepcionales como el decreto de emergencia económica.
Los detalles del salario mínimo vital aún no han sido revelados, pero se espera que su implementación en 2026 busque mejorar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos y reducir la desigualdad en el país. Sin embargo, la medida también podría generar debates y desafíos en términos de su impacto en la economía y el empleo.
Es importante destacar que el salario mínimo vital es una iniciativa que ha sido promovida por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que busca garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias. Su implementación en Colombia podría ser un hito en la búsqueda de una mayor justicia social y laboral en el país.
