El artículo analiza con preocupación la oferta electoral que se perfila hacia las elecciones del 2026 en Perú, la cual es descrita como "hiperfragmentada" y "deliberadamente moldeada por el Congreso" con criterios ajenos al fortalecimiento democrático.
El texto señala que el Parlamento vigente, sostenido por un "pacto de bancadas" que ha hecho de la "cooptación institucional" su método, ha impulsado una agenda electoral saturada de "hitos administrativos, plazos perentorios y sanciones automáticas". Esto ha instalado un "formalismo" que ha desplazado el "núcleo sustantivo del derecho de representación", convirtiendo a la democracia en un "expediente que se gana o se pierde por un error procedimental".
El efecto de esta situación es "doblemente perverso", ya que se castiga a las organizaciones más frágiles sin atender los problemas estructurales de la precariedad partidaria, mientras se tolera e incluso incentiva la proliferación de agrupaciones "sin identidad programática, concebidas como vehículos electorales de corto aliento". Esto genera una "dispersión funcional que erosiona la deliberación pública" y tiene como "propósito principal dificultar la construcción de mayorías políticas legítimas, ancladas en demandas ciudadanas concretas".
En este contexto, el artículo advierte que algunas "opciones abiertamente antidemocráticas" intentan ahora "deslegitimar a los organismos electorales, responsabilizándolos por exclusiones o improcedencias". Sin embargo, el diario reafirma su convicción de observar de cerca al Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, quienes deben aplicar las reglas de la contienda "con transparencia ni injerencia de ningún grupo político".
Ante esta "oferta electoral fragmentada y empobrecida en términos representativos", la ciudadanía enfrenta un "desafío mayor". No basta con elegir entre listas, sino que es "imprescindible leer críticamente el origen de las normas, identificar a quienes las instrumentalizan y rechazar los discursos que buscan, a toda costa, defenestrar a los árbitros para encubrir responsabilidades políticas y legales". En este escenario, el "voto informado se convierte, además de un derecho, en el último resguardo de una democracia que, desde arriba, ha sido cuidadosamente administrada para no incomodar al poder".
