Durante ocho años, Honduras asumió compromisos formales para combatir la corrupción, pero los resultados fueron mínimos. Un monitoreo ciudadano revela que solo tres de 39 promesas se cumplieron.
La corrupción no se detuvo por falta de promesas, sino por ausencia de cumplimiento. Entre 2012 y 2020, Honduras se comprometió formalmente a implementar 39 acciones anticorrupción en el marco de los Planes de Acción de Gobierno Abierto (PAGA). Ocho años después, el balance es contundente: solo tres compromisos se completaron.
El análisis, presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), evidencia una lucha anticorrupción que avanzó de forma desigual, retrocedió en momentos clave y nunca logró consolidarse como una política de Estado. La brecha entre lo asumido y lo implementado refleja la falta de mecanismos efectivos que garanticen que los compromisos contra la corrupción no queden solo en documentos oficiales.
Si bien hubo algunas iniciativas que mostraron resultados, como los portales municipales de acceso a la información y el uso del Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO), estos avances no se sostuvieron en el tiempo. La suspensión del Portal Único de Transparencia y los recortes presupuestarios al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) evidenciaron una estructura institucional vulnerable.
Diversos indicadores internacionales advierten un deterioro en la integridad pública y la gobernanza del país. Estas mediciones coinciden en señalar debilidades persistentes en el control de la corrupción, la independencia institucional y los contrapesos democráticos.
El mensaje es claro: sin instituciones sólidas, autonomía real y recursos suficientes, cualquier estrategia anticorrupción corre el riesgo de diluirse con el paso del tiempo. El monitoreo ciudadano se presenta como una herramienta clave para exigir cumplimiento y evitar que los compromisos anticorrupción se conviertan en simples declaraciones sin impacto real.
La historia de los PAGA deja una lección incómoda: la corrupción en Honduras no se frenó porque los compromisos se quedaron a medio camino. Ocho años después, el reto no es anunciar nuevas promesas, sino cumplir las que ya se hicieron. Sin continuidad, sin instituciones fortalecidas y sin presión ciudadana constante, la transparencia seguirá siendo una aspiración y no una realidad palpable.
