Un informe del gobierno de Rodrigo Paz reveló que cinco empresas estatales creadas durante la administración del MAS generaron un daño económico de $us 1.294 millones al Estado sin lograr cumplir sus objetivos de industrialización y generación de excedentes.
Las compañías Empresa Azucarera San Buenaventura, Quipus, Yacimientos de Litio Bolivianos, Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos y Yacana fueron catalogadas como "empresas zombi" por operar en quiebra técnica, con altos niveles de endeudamiento y escaso impacto productivo.
Según el informe, estas empresas públicas estratégicas fueron creadas durante los 20 años de gobierno del MAS con el objetivo de consolidar a Bolivia como un polo productivo agroindustrial, textil y tecnológico, pero esos planes nunca se concretaron. Por el contrario, acumularon pérdidas millonarias y un elevado endeudamiento que terminó perjudicando las arcas del Estado.
El caso más crítico es el de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que registró un déficit de Bs 196 millones en 2024. Según el Gobierno, en más de una década el programa de industrialización del litio impulsado por Evo Morales acumuló una inversión superior a los $us 960 millones, pero con un avance mínimo en comparación a los anuncios oficiales.
Otra empresa emblemática, la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), destina más recursos a pagar deudas que a renovar o ampliar su capacidad productiva. Easba obtuvo un presupuesto de Bs 89,2 millones para 2025, pero el 35,24% se destinó al servicio de la deuda, superando incluso el gasto en personal (31,05%).
El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, explicó que el origen del daño económico está en el financiamiento masivo vía el Banco Central de Bolivia, del cual apenas se devolvió el 18% en 19 años, además de préstamos externos.
Camacho advirtió que "el tiempo juega en contra" y que los números ya no permiten sostener los "elefantes blancos" heredados por el MAS, por lo que la OFEP planea elaborar fichas técnicas de las 67 empresas públicas y ejecutar auditorías para determinar responsabilidades y posibles alternativas.
