El país observa con lupa el desarrollo del caso SENASA, un entramado de corrupción que habría provocado un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos en el sistema de salud pública dominicano. La ciudadanía, indignada, se ha tomado las calles en la denominada "Marcha Negra" para exigir que este caso no se diluya en el tiempo y que los responsables enfrenten la justicia.
El proceso judicial, descrito por el Ministerio Público como uno de los fraudes más graves que ha conocido el país, toca el corazón mismo de la salud pública y afecta a millones de dominicanos. Por eso, la protesta no fue protocolar ni decorativa, sino visceral, cargada de desconfianza acumulada y de un hartazgo que ya no se disimula.
Las consignas fueron claras y reiteradas: este no puede ser otro expediente destinado a diluirse con el paso del tiempo. Para muchos de los manifestantes, el mayor temor era que el proceso terminara suavizado por el ya recurrente argumento de los problemas de salud, ese comodín judicial que suele aparecer cuando los expedientes pesan y las responsabilidades se acercan.
En este contexto, el tribunal dispuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim, señalado por el Ministerio Público como el principal imputado y presunto cabecilla de la estructura que habría operado el desfalco. La decisión fue leída en la calle como un mensaje directo: al menos en esta etapa, la enfermedad no funcionó como escudo.
Sin embargo, el fallo también dejó grietas abiertas. El juez ordenó prisión domiciliaria e impedimento de salida del país contra la encartada Cinthy Acosta, así como prisión domiciliaria contra Eduardo Read Estrella, medidas que reavivan un debate inevitable: ¿qué criterios pesan realmente cuando se decide quién va a prisión y quién cumple la coerción desde casa en casos de corrupción de alto perfil?
Aquí cobra vigencia una reflexión planteada recientemente por la periodista Altagracia Salazar: aunque el país ha avanzado hacia un Ministerio Público con mayor independencia, el sistema de justicia sigue siendo esencialmente el mismo y la política continúa incidiendo en sus engranajes. Esa realidad ayuda a explicar por qué decisiones judiciales como esta, aun cuando representan avances concretos, generan lecturas encontradas y mantienen a la ciudadanía en estado de alerta permanente.
La indignación que hoy se expresa no nace del deseo de castigo, sino del cansancio. Del agotamiento frente a un patrón que la procuradora general de la República, Jenny Berenice Reynoso, ha señalado en reflexiones previas: durante la planificación y ejecución de grandes fraudes no hubo problemas de salud; estos aparecen, con sospechosa frecuencia, cuando la justicia toca la puerta.
La Marcha Negra no concluye con la lectura del fallo ni se agota en una jornada de protesta. Continúa en la vigilancia ciudadana, en el seguimiento riguroso del proceso y en la exigencia constante de que este expediente no sea archivado en la memoria colectiva como otro escándalo más.
Hoy la justicia dio un paso. Pero en un país de memoria frágil y presiones persistentes, el verdadero desafío será que no camine sola cuando la política intente marcarle el rumbo.
