El ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus solicitó formalmente al máximo tribunal que se instruya una investigación administrativa en su contra, luego de la publicación de un reportaje que cuestiona su actuación en fallos vinculados al proyecto minero Dominga.
En un escrito dirigido al pleno, el magistrado sostuvo que el artículo difundido por el medio digital Reportea.cl contiene "insinuaciones" falsas respecto de su relación con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, y su eventual influencia en resoluciones del tribunal.
Matus afirmó que "para establecer mi falta de interés en dicha causa, bastaría haber consultado su tramitación electrónica", agregando que cuando se solicitó su inhabilidad en la causa Dominga, "la acepté en calidad de recusación amistosa", aunque esta fue rechazada tanto por la Corte Suprema como por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El reportaje cuestiona la participación de Matus en diversas resoluciones relacionadas con Dominga, señalando que fue redactor de fallos favorables al proyecto mientras existirían vínculos económicos entre el estudio Lagos y Vargas —abogados de Andes Iron— y personas cercanas al magistrado. También se mencionan transferencias bancarias y asesorías realizadas en el período en que la Corte Suprema revisó recursos clave sobre la minera.
En este contexto, el ministro explicó que su decisión de pedir un sumario busca "esclarecer los hechos insinuados y evitar más especulaciones que puedan afectar el buen funcionamiento de este Tribunal".
La solicitud de Matus se produce en medio de la polémica generada por el reportaje, que ha puesto en entredicho la actuación del juez en el caso Dominga. La investigación administrativa solicitada por el propio magistrado buscará determinar si hubo irregularidades en su desempeño y si existieron los supuestos vínculos económicos con los abogados de la empresa minera.
Este caso se suma a la creciente preocupación por la integridad y transparencia del poder judicial en Chile, en un momento en que diversos fallos y actuaciones de los tribunales han sido cuestionados por la ciudadanía y la clase política. La resolución de esta investigación administrativa será seguida de cerca, en la medida en que puede tener implicaciones relevantes para la credibilidad de la Corte Suprema.
