El Gobierno ecuatoriano ha presentado una serie de acusaciones graves contra el movimiento político Revolución Ciudadana, antes conocido como Alianza PAIS, que lidera el expresidente Rafael Correa. Según las autoridades, existen suficientes motivos para que la Función Electoral suprima la personería jurídica de este partido, prohibiendo su participación política futura.
Las principales denuncias se basan en presuntos nexos entre Revolución Ciudadana y organizaciones criminales narcoterroristas, como la guerrilla de las FARC en Colombia. Se afirma que durante el gobierno de Correa hubo un aporte económico de las FARC a la campaña electoral, a cambio de lo cual se permitió la instalación de campamentos de esa guerrilla en territorio ecuatoriano.
Además, se señala que en el gobierno de Correa se protegió a la delincuencia y a los victimarios mediante la aplicación de un "absurdo garantismo penal", lo que habría derivado en la legalización de pandillas y el fortalecimiento del narcotráfico. Incluso se acusa al expresidente de elogiar públicamente al líder venezolano Nicolás Maduro, a quien calificó de "pacífico, demócrata y bondadoso", pese a los vínculos del régimen venezolano con el narcotráfico.
Las autoridades también señalan que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto pasado, habría sido perpetrado por exintegrantes de Revolución Ciudadana. Por todo ello, consideran que es necesario investigar el financiamiento de las campañas electorales de este movimiento político, dada la sospecha de que los "excesos de gastos" podrían provenir de fuentes ilícitas.
En resumen, el Gobierno ecuatoriano ha presentado una batería de acusaciones de gran gravedad contra Revolución Ciudadana, partido liderado por el exmandatario Rafael Correa. Estas denuncias van desde vínculos con el narcotráfico y las FARC, hasta la protección a la delincuencia y el crimen organizado durante su gobierno. Ante este panorama, las autoridades buscan suprimir la personería jurídica de este movimiento político, prohibiendo su participación en futuros procesos electorales.
