El Gobierno de Bolivia afirma que los pobladores que se enfrentaron a la Policía en Cotapachi, Cochabamba, el pasado 8 de diciembre, estaban organizados, contaban con financiamiento y poseían aparatos explosivos y drones.
Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, "Esto no ha sido casual. Estos grupos contaban con drones, explosivos, vehículos y dinero. Había una evidente planificación". Los manifestantes llevaban más de 12 días bloqueando el ingreso al vertedero de Cotapachi.
La Fiscalía de Cochabamba indicó que las investigaciones se realizan por delitos como porte y portación de armas, asociación delictuosa, asociación criminal e instigación pública a delinquir. Hasta el momento, se han aprehendido a 8 personas encontradas "en flagrancia" con elementos contundentes utilizados para enfrentarse a la Policía.
El fiscal Osvaldo Tejerina señaló que "Había un conjunto de personas debidamente organizadas que tenían por finalidad impedir el cumplimiento de una orden judicial que estaba siendo efectuado por la Policía". Además, se abrió un segundo proceso por las dos personas que fallecieron durante los enfrentamientos, siendo un policía el principal acusado por presunta legítima defensa.
Los bloqueos en Cotapachi se deben a un conflicto por los límites de la zona, según las autoridades. Tras la intervención policial, los manifestantes habrían emboscado a los uniformados, dejando un saldo de al menos 17 heridos.
El Gobierno boliviano calificó a estos grupos como "organizados" y dedicados a la "toma de tierras" en las cercanías del vertedero de Cotapachi. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos de violencia y determinar las responsabilidades.
