La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala reafirmó este miércoles un amparo otorgado previamente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que obliga al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a garantizar la atención integral y oportuna a pacientes diagnosticados con cáncer en el país.
Esta resolución judicial es un importante triunfo para los pacientes con cáncer, quienes han enfrentado serias dificultades para acceder a los tratamientos y servicios de salud necesarios. Durante mucho tiempo, el Ministerio de Salud ha sido señalado por deficiencias en la provisión de medicamentos, equipos y personal especializado para atender adecuadamente a esta población vulnerable.
La CC ratificó que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud de todos los guatemaltecos, incluyendo a quienes padecen enfermedades catastróficas como el cáncer. Esta sentencia representa un precedente jurídico que sienta las bases para exigir que el Gobierno cumpla con su responsabilidad de brindar una atención médica integral y oportuna a los pacientes oncológicos.
"Esta resolución es un paso importante para que los pacientes con cáncer en Guatemala puedan acceder a los tratamientos que necesitan y que el Estado está obligado a proveer", afirmó Luisa Fernanda Gómez, directora de la Asociación Guatemalteca contra el Cáncer. "Esperamos que el Ministerio de Salud acate de inmediato esta orden judicial y tome las medidas necesarias para cumplir con su mandato constitucional".
El fallo de la CC se produce en medio de una crisis prolongada en el sistema de salud pública del país, agravada por la pandemia de COVID-19 y la falta de inversión y priorización política del sector. Los pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo, como el cáncer, han sido particularmente afectados por las deficiencias y la escasez de recursos en los hospitales públicos.
La decisión de la Corte Constitucional representa un importante avance en la lucha por el derecho a la salud en Guatemala. Sin embargo, su implementación efectiva requerirá que el Ministerio de Salud asigne los recursos necesarios y adopte medidas concretas para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios oncológicos a nivel nacional.
