El presidente Rodrigo Paz y su gabinete de ministros aprobaron el 8 de diciembre un decreto supremo que modifica varias disposiciones del Estatuto del Funcionario Público, dejando sin efecto el plan implementado por el gobierno anterior de Luis Arce para el pago de vacaciones acumuladas.
Según el nuevo decreto, el derecho a vacaciones de los servidores públicos es irrenunciable y su uso es obligatorio, no siendo susceptible a compensación pecuniaria, salvo en casos excepcionales como fallecimiento, destitución, renuncia o sentencia judicial.
En octubre pasado, el gobierno de Arce había dispuesto a través del Decreto Supremo N 5470 que todas las instituciones públicas que aún no hayan cancelado las vacaciones acumuladas de sus funcionarios deberían efectuar el pago correspondiente en un plazo máximo de 45 días calendario.
Sin embargo, el gobierno de Paz argumenta que esta medida no puede ser sostenida debido a "los recursos públicos limitados, el incremento de las obligaciones de pago no atendidas y heredadas del anterior gobierno, y además de cumplir con los compromisos de gasto inflexible, subvenciones y programas sociales".
De esta manera, el nuevo decreto establece que el uso de las vacaciones es obligatorio y no podrá ser compensado económicamente, salvo en casos excepcionales como fallecimiento, destitución, renuncia o sentencia judicial. Las entidades públicas deberán efectuar estos pagos dentro de un plazo máximo de 12 meses.
La medida ha sido criticada por algunos sectores, quienes consideran que se está vulnerando los derechos laborales de los funcionarios públicos. Sin embargo, el gobierno de Paz defiende la decisión argumentando la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos en medio de la compleja situación económica que atraviesa el país.
