El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ha archivado tres expedientes judiciales que se abrieron tras las denuncias interpuestas por la exministra del Ministerio de Educación Pública (MEP), Anna Katharina M ller Castro, por presuntas anomalías en el trámite de los alquileres de la entidad.
La exministra de Educación denunció ante la Fiscalía General de la República a su antecesor Steven González, a la exministra de la entidad Guiselle Cruz y al ex oficial mayor Wilber Ching Sojo. Sin embargo, el Juzgado Penal de Hacienda resolvió desestimar uno de los expedientes (21-000526-0283-PE) y dictó sobreseimiento sobre otras dos causas (25-000236-1218-PE y el 22-000193-1218-PE).
En el caso de la desestimación, el Juzgado determinó que el hecho denunciado no constituía delito, por lo que era imposible proceder para el Ministerio Público. Mientras que en el caso del sobreseimiento, se trata de un archivo definitivo de la causa.
Según la resolución del Juzgado, del 20 de noviembre anterior, se indica que las sentencias se dictaron "por atipicidad de la conducta", es decir, que los hechos denunciados no se ajustaban a ningún tipo penal.
Por su parte, el ex oficial Mayor del MEP, Wilber Ching, celebró el resultado y afirmó que "este resultado confirma que mi actuar se ajustó al marco jurídico vigente, desvirtuando de manera absoluta las imputaciones realizadas". Ching reiteró su "compromiso con la transparencia, la correcta gestión administrativa y el uso responsable de los recursos públicos".
La exministra M ller Castro había anunciado en julio del 2022 la suspensión de tres contratos de alquiler que mantenía el MEP, incluyendo el edificio BCT y el Raventós. Según el presidente Rodrigo Chaves, los funcionarios serían trasladados a un edificio propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que se encontraba desocupado.
Además, Chaves indicó que se suspenderían 50 de los 82 contratos de alquiler para direcciones regionales, y que los funcionarios serían ubicados en instalaciones que ya tiene el MEP.
Con este fallo, se cierra un capítulo de las denuncias presentadas por la exministra M ller Castro, quien buscaba esclarecer presuntas irregularidades en los procesos de alquiler del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, la justicia ha determinado que no existieron delitos en el manejo de estos contratos.
