El municipio de San José de Chiquitos se encuentra actualmente en un estado de emergencia debido a la reactivación de incendios forestales provocados por la quema descontrolada de cordones. Esta situación ha generado una alarma generalizada en la región, ya que el fuego se ha propagado con una velocidad alarmante, afectando no solo áreas rurales sino también predios privados, con especial incidencia en las zonas circundantes a la Comunidad Indígena Píococa.
La crisis actual es el resultado directo de acciones irresponsables por parte de personas que han desobedecido abiertamente la normativa vigente. Específicamente, se ha ignorado de manera deliberada la Pausa Ambiental emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), así como el Decreto Municipal N° 003/2026. Este último decreto es fundamental, ya que declara la Alerta Naranja Municipal y establece una prohibición absoluta de cualquier tipo de quema en toda la jurisdicción de San José de Chiquitos.
La propagación del fuego ha sido acelerada por una combinación de factores climáticos críticos. La región atraviesa una severa sequía, y en las últimas horas se han registrado ráfagas de viento que oscilan entre los 60 y 70 kilómetros por hora. Bajo estas condiciones, el fuego se desbordó en cuestión de minutos, transformando prácticas de quema de cordones —realizadas ya sea por omisión o por un desafío abierto a la ley— en una amenaza real de desastre a gran escala. El ecosistema del Bosque Seco Chiquitano se encuentra en grave peligro, poniendo en riesgo inmediato el hábitat de la fauna silvestre, la salud pública de los habitantes y la seguridad general de las comunidades locales.
Ante la magnitud de la emergencia, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) ha tomado medidas drásticas, manteniéndose desplegado y en sesión permanente para coordinar las acciones de respuesta. La Alcaldía, a través de su Unidad de Gestión de Riesgo y la Unidad Forestal, ha intensificado los patrullajes de fiscalización. Estas labores se realizan de manera conjunta con la ABT, la Policía Provincial y las Fuerzas Armadas, quienes han establecido el Parque Ecológico "La Pauroca" como el nuevo Centro de Monitoreo y Prevención de Incendios, desde donde se coordinan las estrategias de combate y vigilancia.
En cuanto a las consecuencias legales para quienes infrinjan las normas, las autoridades municipales y nacionales han advertido que se aplicarán estrictamente las sanciones económicas contempladas en el Decreto Supremo N° 5203. Los responsables de las quemas ilegales se enfrentan a multas económicas considerables, que varían entre 190 y 976 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) por cada hectárea quemada. En términos monetarios, esto representa un costo estimado de entre 478 y 2.460 bolivianos por hectárea, sanción que se aplicará sobre la superficie total del predio afectado.
Además, el rigor de la ley se incrementará en casos de desobediencia o resistencia a la autoridad. Si los infractores presentan resistencia durante los procesos de fiscalización, el monto de la sanción base se incrementará en un 100% adicional. Asimismo, estas acciones derivarán en procesos penales que serán gestionados ante la Policía Provincial, elevando la gravedad del asunto de una sanción administrativa a una responsabilidad penal.
Finalmente, con el objetivo de mitigar los efectos de la emergencia y brindar el soporte necesario a las brigadas de primera respuesta que luchan contra las llamas en el terreno, el COEM ha habilitado un Centro de Acopio Municipal. Se hace un llamado urgente a las instituciones y a los vecinos para canalizar donaciones de agua potable, bebidas hidratantes y alimentos no perecederos. De igual manera, se solicita el apoyo con cisternas y tanques hídricos para garantizar el abastecimiento de agua necesario para el combate del fuego.
