La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido una directiva contundente dirigida a todas las autoridades educativas estatales del país, estableciendo que para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, programado para el próximo 31 de agosto, deberá quedar garantizado que ninguna institución educativa preste sus servicios bajo denominaciones o modalidades militarizadas, castrenses, o cualquier otra nomenclatura que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.
Esta determinación, impulsada por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, se fundamenta en las facultades constitucionales y en lo establecido por la Ley General de Educación. En consecuencia, el secretario ha solicitado formalmente a las secretarías de Educación de cada entidad federativa que lleven a cabo una revisión exhaustiva y detallada de todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que hayan sido emitidos en sus respectivas jurisdicciones.
El operativo de fiscalización tiene un objetivo claro: detectar cualquier centro educativo que opere bajo esquemas de disciplina militar. En aquellos casos donde se identifiquen instituciones que utilicen este tipo de denominaciones o modalidades, la SEP ha instruido que proceda la suspensión inmediata de sus actividades. Asimismo, se deberán iniciar los procedimientos administrativos pertinentes para alcanzar la clausura definitiva de dichos planteles.
Con el fin de proteger el derecho a la educación y evitar que el alumnado resulte perjudicado por estas medidas, la dependencia federal ha ordenado que, en los casos de cierre, se proceda a la entrega inmediata de toda la documentación escolar. Esto incluye certificados totales o parciales, así como cualquier otro documento oficial que obre en poder de los planteles, facilitando así que los estudiantes puedan incorporarse a otras alternativas educativas y den continuidad a su trayectoria académica.
Además, la SEP ha sido enfática en la protección económica de los usuarios. En caso de que existan pagos ya efectuados por servicios que aún no han sido devengados —tales como cuotas de reinscripción, adquisición de útiles, uniformes o cualquier otro concepto—, las escuelas estarán obligadas a reintegrar dichos montos de manera inmediata a los padres de familia o tutores.
La justificación técnica de esta medida radica en que la prestación de servicios educativos bajo modalidades militarizadas es considerada incompatible con los fines y principios del Sistema Educativo Nacional. La dependencia subrayó que la educación militar es una formación especializada que se circunscribe exclusivamente al personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, siendo impartida únicamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
En el estado de Puebla, esta disposición ya ha comenzado a ejecutarse. Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, informó que desde el pasado lunes se notificó a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla para iniciar el proceso administrativo de suspensión de actividades de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, ubicada en la capital poblana.
Flores Pacheco detalló que la SEP trabajó en coordinación con la 25 Zona Militar para realizar una revisión exhaustiva, confirmando que la Academia Ignacio Zaragoza es la única institución detectada en el estado de Puebla que se promociona públicamente bajo un esquema castrense sin contar con el permiso legal para operar con tales características.
Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha manifestado que su administración actuará estrictamente conforme a la legislación vigente y acatará la resolución emitida por las autoridades federales. Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que buscará alternativas viables para evitar que los alumnos inscritos en el plantel afectado pierdan el ciclo escolar o sufran una interrupción en su formación académica.
No obstante, la medida ha generado resistencia. Fuentes cercanas a la Academia Ignacio Zaragoza indicaron que los representantes de la institución contemplan promover un juicio de amparo para intentar frenar la suspensión de sus actividades. Esta postura se ha visto reforzada por la circulación de un audio en redes sociales, atribuido al director del plantel, Daniel Guzmán.
En la grabación, que presuntamente fue captada durante una reunión con madres y padres de familia celebrada entre el lunes y el miércoles, Guzmán asegura que la escuela recurrirá a todos los recursos legales disponibles para impedir el cierre, declarando: “No nos vamos a cruzar de brazos”. Hasta el momento, la institución no ha confirmado oficialmente la autenticidad de dicho audio.
Cabe destacar que esta decisión tajante de la SEP de erradicar los centros educativos militarizados ocurre tras un hecho trágico: el presunto feminicidio de la menor Dafne Zapata, de 13 años, ocurrido el pasado 16 de julio. El crimen tuvo lugar durante un campamento organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, evento que ha puesto en el centro del debate la seguridad y la legalidad de estos centros de instrucción.
