El secretario general de Bases Magisteriales Salvadoreñas, David Rodríguez, ha hecho pública una serie de denuncias relacionadas con el cese de labores de instructores de cachiporristas en el departamento de Sonsonate. Según las declaraciones del dirigente gremial, existen instrucciones directas dirigidas a los directores de diversos centros educativos para proceder con el despido de aquellos instructores que pertenezcan a la población LGBTIQ+.
Esta situación ha generado una profunda alarma en el sector educativo, ya que los afectados cuentan con contratos individuales de trabajo. Rodríguez señaló que estas medidas representan una vulneración directa a los derechos laborales y a las garantías constitucionales de los trabajadores. De acuerdo con el relato del secretario general, la preocupación aumentó tras confirmarse que, desde el día anterior a la denuncia, se giraron instrucciones específicas en el departamento de Sonsonate.
En el desarrollo de estos hechos, se informó que se llevó a cabo una reunión con todos los directores de los centros educativos de la zona. En dicho encuentro, se les manifestó la orden de informar a los instructores de cachiporristas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ que sus contratos serían cesados. Rodríguez puso especial énfasis en la responsabilidad de la directora departamental, Claudia Sandoval, señalando que la funcionaria habría ignorado que tales disposiciones no están reguladas normativamente y que los instructores poseen un vínculo laboral formal mediante contratos individuales.
Un punto central de la controversia radica en el uso de la normativa vigente. Según el representante de Bases Magisteriales, las autoridades habrían solicitado la identificación de los instructores basándose en criterios de orientación sexual para finalizar sus contratos. Sin embargo, Rodríguez afirmó categóricamente que esta medida no se encuentra contemplada en las "Disposiciones para la Organización del Desfile Cívico Estudiantil 2026".
Dichas disposiciones, emitidas formalmente por el Ministerio de Educación, tienen como objetivo coordinar los desfiles cívicos previstos para el próximo 15 de septiembre. Las normas establecidas por el Ministerio se centran en requisitos técnicos y organizativos, tales como la inscripción de las bandas de paz, normativas sobre el vestuario, la selección del repertorio musical, la disciplina y las medidas de seguridad durante la actividad. En ningún apartado de este documento se menciona la terminación de contratos basada en la orientación sexual o identidad de género de los instructores.
Desde la perspectiva legal, Rodríguez sostuvo que, al existir contratos individuales de trabajo, el cese de funciones de estos profesionales constituiría un despido sin causa legal. Además, subrayó que el proceso conlleva un componente discriminatorio que contraviene lo establecido en el Código de Trabajo, el cual protege a los empleados contra despidos arbitrarios y discriminatorios.
Por su parte, diversos instructores de bandas estudiantiles han corroborado la suspensión de sus contratos en el departamento de Sonsonate. Los afectados atribuyen esta decisión directamente a la Dirección Departamental de Educación y han manifestado que se está vulnerando su derecho fundamental al trabajo, motivo por el cual han solicitado explicaciones formales a las autoridades competentes.
A través de redes sociales, los afectados denunciaron que entre el lunes 27 y el martes 28 de julio se produjeron más de 24 despidos injustificables de instructores hombres, concentrándose todos estos casos exclusivamente en Sonsonate, mientras que en el resto del país la situación se mantiene normal. Los instructores también hicieron hincapié en que su desempeño profesional ha sido positivo, contribuyendo al crecimiento y a las destrezas de las estudiantes.
Finalmente, los testimonios recabados indican que los directores de los centros educativos se encuentran en una posición vulnerable, manifestando miedo a recibir sanciones o ser despedidos si no cumplen las órdenes recibidas, sintiéndose "de manos atadas" frente a la administración departamental. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Educación no ha emitido ningún pronunciamiento público respecto a los señalamientos realizados por el gremio magisterial y los instructores afectados.
