El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ha manifestado su disposición de comparecer ante las autoridades judiciales tras la presentación de un requerimiento fiscal en su contra. El proceso, impulsado por el Ministerio Público (MP), se centra en una investigación sobre presuntos ataques a la libertad de expresión y de prensa ocurridos durante el periodo en que el militar estuvo al frente de la institución castrense.
En declaraciones ofrecidas este miércoles, Hernández aseguró que atenderá cualquier citación que sea emitida por el ente fiscal. El exjerarca militar señaló que, aunque actualmente desconoce el contenido detallado del requerimiento presentado por la Fiscalía, no tiene inconveniente alguno en presentarse ante las autoridades si así se le solicita formalmente. Al respecto, el exfuncionario afirmó que se encuentra llevando una vida normal y tranquila, subrayando que no posee problemas para enfrentar el proceso legal.
Durante su intervención, Roosevelt Hernández defendió categóricamente su proceder mientras lideraba las Fuerzas Armadas. Sostuvo que todas sus acciones y las comunicaciones emitidas por la institución se mantuvieron dentro del marco de la libertad de expresión. En este sentido, justificó las publicaciones realizadas por la institución militar argumentando que estas respondían a la necesidad de desmentir información que, bajo su criterio profesional y personal, era falsa.
Uno de los puntos centrales de la controversia es el uso de expresiones fuertes contra miembros de la prensa. Hernández reconoció haber utilizado el término "sicario de la verdad" para referirse al periodista Rodrigo Wong Arévalo. Este señalamiento surgió luego de que el comunicador divulgara denuncias relacionadas con supuestos movimientos irregulares de recursos financieros de las Fuerzas Armadas hacia una empresa privada.
El exjefe del Estado Mayor Conjunto explicó que la respuesta pública de la institución fue una medida necesaria porque consideraba que las afirmaciones vertidas por el periodista carecían de sustento. "Nosotros apelamos a la libertad de expresión. Dijimos que era una falsedad, que estaban falseando y matando la verdad", señaló Hernández para justificar la postura adoptada en aquel momento.
Además de defender el contenido de las comunicaciones, el exfuncionario rechazó tajantemente las versiones que indican que él habría responsabilizado a la Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas por las publicaciones cuestionadas. Hernández calificó dichas versiones como incorrectas y aseguró que en ningún momento trasladó la responsabilidad de las declaraciones o publicaciones a dicha dependencia administrativa.
El requerimiento fiscal que da origen a este caso fue presentado por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. Esta instancia judicial inició una investigación exhaustiva tras recibir diversas denuncias sobre publicaciones difundidas en las plataformas oficiales de las Fuerzas Armadas entre los años 2025 y 2026.
De acuerdo con el Ministerio Público, el expediente que sustenta el requerimiento fiscal no se basa únicamente en las denuncias formales, sino que incluye una serie de diligencias investigativas, declaraciones de testigos y un análisis técnico especializado de material audiovisual y contenido digital. Estas pruebas buscan determinar si las acciones del exjefe militar constituyeron una vulneración a los derechos fundamentales de libertad de prensa.
Entre los antecedentes más relevantes del caso se encuentra una publicación realizada en mayo de 2025 en el periódico digital de las Fuerzas Armadas. En dicho espacio, se señaló a varios periodistas como "sicarios de la verdad", incluyendo específicamente al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Carlos Sierra; al director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez; y nuevamente a Rodrigo Wong Arévalo.
La investigación fiscal no se limita a este incidente, sino que también contempla otras declaraciones públicas emitidas por Roosevelt Hernández durante su gestión. Entre ellas, se incluyen señalamientos dirigidos hacia Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA, los cuales estarían relacionados con presuntas diferencias en torno al Instituto de Previsión Militar (IPM).
Finalmente, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se pronunció sobre el avance de este proceso judicial. La organización reiteró que el requerimiento fiscal representa un paso fundamental para esclarecer las denuncias por acciones que habrían atentado contra la libertad de prensa en el país. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con el procedimiento judicial correspondiente para determinar las responsabilidades legales del exmandatario militar.
