El diputado Julio Héctor Estrada ha presentado una propuesta legislativa que busca mitigar el impacto del costo de los combustibles en el bolsillo de los consumidores. La iniciativa plantea la creación de un fondo de subsidio dotado con Q3,000 millones, cuyo objetivo principal es realizar reembolsos directos a los ciudadanos por cada galón de combustible adquirido.
Según el detalle de la propuesta, el mecanismo de devolución consistiría en el reembolso de Q5.00 por cada galón de gasolina y de Q12.00 por cada galón de diésel. A diferencia de otros modelos de subsidio que se aplican al precio de venta final en la estación de servicio, este plan busca que el beneficio llegue directamente al usuario final.
Para hacer operativo este sistema, el diputado Estrada sugiere la implementación de una plataforma digital de registro. Este proceso sería similar al utilizado anteriormente para el Bono Familia, donde los ciudadanos interesados deberán inscribirse proporcionando una serie de datos obligatorios para validar su identidad y la propiedad de sus vehículos. Los requisitos de registro incluyen el Documento Personal de Identificación (DPI), el Número de Identificación Tributaria (NIT), la licencia de conducir y el número de placa del vehículo.
Una vez que el usuario complete satisfactoriamente su registro en la plataforma, los reembolsos se efectuarían de manera semanal. El legislador propone que el dinero sea entregado a través de una billetera electrónica o un sistema de tokens, brindando a los beneficiarios la opción de retirar los fondos mediante cajeros automáticos.
Con el fin de garantizar que el recurso sea utilizado de manera focalizada y evitar abusos, la iniciativa establece topes de consumo mensuales según el tipo de vehículo. En el caso de las motocicletas, el límite de consumo reconocido sería de 15 galones mensuales, lo que representaría un reembolso máximo de Q75.00. Para los vehículos con licencias comunes, el tope se fija en hasta 45 galones al mes.
Asimismo, la propuesta contempla una categoría especial destinada a los transportistas. Para este sector, la asignación del subsidio no sería un monto fijo general, sino que se calcularía tomando en cuenta la ruta y el trámite registrado de cada unidad de transporte, permitiendo así una distribución más acorde a la operatividad del transporte de carga y pasajeros.
En cuanto a la gestión administrativa, Julio Héctor Estrada precisó que el fondo de Q3,000 millones estaría bajo la administración del Ministerio de Energía y Minas. Se ha planteado que este esquema funcione durante un periodo inicial de cuatro meses. Además, la propuesta incluye una cláusula de suspensión automática: el subsidio dejaría de operar si el precio del combustible cae por debajo de los Q34.00 por galón, reactivándose inmediatamente si el precio vuelve a superar dicho umbral.
Un punto central de la propuesta es que ningún recurso financiero sería transferido a las empresas importadoras de combustible. El legislador enfatizó que el pago debe ir directamente al ciudadano registrado, eliminando la intermediación de las empresas que traen el combustible al país.
Finalmente, el diputado señaló que se está trabajando en una propuesta paralela para fortalecer la vigilancia del mercado. Esta medida busca ampliar las facultades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) y de la Superintendencia de Competencia. El objetivo de este fortalecimiento institucional es prevenir que las importadoras de combustible, ante la expectativa del subsidio, intenten ampliar sus márgenes de ganancia elevando los precios, lo que anularía el beneficio pretendido para el consumidor.
