El gobierno de Cuba ha puesto en marcha un proceso de transformaciones económicas y sociales cuyo objetivo central es la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Durante una reciente intervención en el espacio radial "Cuadrando la Caja", Ariel Fonseca Quezada, viceministro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y Rita Machín Reyes, directora de Trabajo Social de dicho organismo, detallaron la estrategia para transitar desde un modelo de subsidios universales hacia uno focalizado en las personas.
Ariel Fonseca Quezada enfatizó que las transformaciones sociales deben preceder a las económicas para garantizar la protección de los ciudadanos. En este sentido, aclaró que el proyecto no se basa en el igualitarismo —entendido como dar a todos por igual—, sino en la equidad, que consiste en brindar a cada individuo las posibilidades y oportunidades necesarias según sus necesidades reales. Ante un escenario de limitaciones económicas y una "guerra económica", el viceministro señaló que es imperativo focalizar los recursos, lo que exige una identificación precisa de quienes requieren mayor apoyo.
Rita Machín Reyes profundizó en el concepto de vulnerabilidad, definiéndola como una condición multidimensional y multicausal, y no como una característica intrínseca de la persona. Según la directora, la vulnerabilidad no se limita al aspecto financiero, sino que abarca dimensiones socioeducativas, de salud, de hábitat, de empleo y económicas. Por ejemplo, un adulto mayor puede no ser vulnerable si cuenta con redes de apoyo familiar e ingresos complementarios, mientras que un joven sin respaldo familiar podría encontrar itself en una situación de riesgo.
El gobierno cubano ha reconocido un deterioro en diversos indicadores sociales. Fonseca Quezada mencionó que la tasa de mortalidad infantil, que había llegado a situarse en cuatro puntos, se encuentra ahora por encima de nueve por cada mil nacidos. Asimismo, se admitió que el poder adquisitivo de las pensiones y los salarios se ha visto afectado, a pesar de los esfuerzos por aumentar la pensión mínima el año pasado.
Para abordar esta situación, el Ministerio de Trabajo, a través de su Observatorio Social y Laboral, diseñó un índice de vulnerabilidad multidimensional. Tras una experiencia piloto en seis municipios, el instrumento se extendió a todo el país. Los resultados de este proceso permitieron identificar aproximadamente un millón cuatro mil hogares en situación de riesgo, destacando aquellos donde conviven niños menores de cinco años, adultos mayores solos o sin apoyo familiar, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. De este grupo, se han identificado cerca de 626 000 hogares que podrán integrarse a los nuevos programas de protección.
Actualmente, la asistencia social en Cuba protege a unos 177 000 núcleos familiares, beneficiando a cerca de 300 000 personas. El viceministro explicó que más del 90 % de estas ayudas son prestaciones monetarias temporales. No obstante, existen otros servicios, como el pago a asistentes sociales a domicilio para más de 10 000 adultos mayores que viven solos, o la cobertura del consumo eléctrico para niños con enfermedades crónicas que requieren refrigeración o aire acondicionado constante.
Uno de los puntos clave de la transformación es la lucha contra el asistencialismo. Rita Machín Reyes señaló que, si bien la asistencia inmediata es necesaria para resolver urgencias, el objetivo final es la transformación del sujeto. Para ello, se están diseñando estrategias que incluyan la dotación de activos de pequeña escala, como kits agropecuarios, avícolas o máquinas de coser, para que las personas aptas para el empleo puedan emprender y generar sus propios ingresos. Asimismo, se contempla el pago de un salario mínimo a jóvenes de entre 18 y 30 años mientras se capacitan para el empleo.
Finalmente, se planteó la creación de un fondo de protección social que no dependa exclusivamente del presupuesto del Estado. Este fondo buscaría incorporar la responsabilidad social de otros actores económicos, incluidas las empresas privadas. La intención es redistribuir los recursos que anteriormente se destinaban a subsidios universales de productos —que beneficiaban por igual a sectores solventes y vulnerables— para concentrarlos en el subsidio directo a las personas y familias que más lo requieren, siguiendo un principio de gradualidad para minimizar el impacto social.
