La Justicia ha ratificado los datos financieros definitivos en el marco de lo que se considera una de las mayores estafas del país, centrada en la empresa Conexión Ganadera. Según la información oficial, la entidad presenta un pasivo total de 387 millones de dólares, frente a un activo valorado en 115 millones de dólares. Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud del agujero financiero y la complejidad de la situación legal y económica que enfrenta la organización.
En el ámbito penal, la investigación se ha centrado en tres personas acusadas, quienes se desempeñaban como socios directores de la compañía. El caso estuvo marcado por la tragedia personal de un cuarto implicado, quien se suicidó antes de que la crisis de Conexión Ganadera se hiciera pública, quedando fuera del alcance de los procesos judiciales actuales. Paralelamente a esta investigación penal, se desarrolla un proceso en el ámbito concursal destinado específicamente a la liquidación de la empresa.
El interventor designado para el concurso, Alfredo Ciavattone, presentó ante el juez Leonardo Méndez los datos técnicos que respaldan el monto del pasivo. Un dato crítico revelado en este informe es que la relación entre el activo y el pasivo es de apenas el 29,8%. Esta disparidad numérica sugiere que existe una probabilidad muy alta de que gran parte de los créditos solicitados por los damnificados no sean recuperables, dada la insuficiencia de bienes para cubrir las obligaciones.
Al respecto, Juan Pablo Decia, abogado que representa a algunos de los afectados, señaló que se confirmaron los números que el equipo legal ya manejaba. Decia aclaró que, aunque el activo se cifra en 115 millones de dólares, la realidad es mucho más alarmante: solamente el 19% de esa cifra es considerada realizable o cobrable. Esto significa que el monto efectivo disponible es de aproximadamente 20 millones de dólares, los cuales provienen del crédito que Conexión Ganadera mantiene contra Gustavo Basso y de lo que se desprenda del concurso relativo a la herencia del fallecido socio.
En otro frente judicial, se dio a conocer que la Justicia concursal rechazó la verificación de los créditos solicitados por la Dirección General Impositiva (DGI). El organismo tributario pretendía recaudar cerca de 7,5 millones de dólares en concepto de retenciones de impuestos a las ganancias de personas físicas, monto que incluía multas y recargos aplicados sobre los ingresos de los propios inversores que fueron víctimas de la estafa. El interventor determinó que no existían fundamentos legales para proceder con el cobro de dichos impuestos por retenciones.
Sobre este punto, se explicó que la sindicatura había realizado un resguardo de aproximadamente 15 millones de dólares provenientes de la venta de ganado. Este fondo estaba destinado a pagar créditos de acreedores privilegiados (especiales y generales) y de aquellos que no se adhirieron al acuerdo, incluyendo el crédito insinuado por la DGI. Sin embargo, la sindicatura concluyó que la DGI no debe ingresar en el concurso ya que no se configuró el hecho generador del tributo reclamado. Se espera que la DGI impugne esta exclusión, dejando en manos de la Justicia la decisión final sobre la inclusión de ese crédito.
Finalmente, la situación de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, se ha vuelto un punto focal de la investigación. Cabral, quien se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria, volverá a declarar este viernes, momento en el cual la Fiscalía solicitará una ampliación de su imputación. Esta medida responde a una denuncia presentada por el Banco República, debido a un préstamo superior a 1 millón 100 mil dólares que Cabral contrajo garantizándolo con ganado que, según las investigaciones, no existe.
De acuerdo con lo presentado por la sindicatura, se ha determinado que Daniela Cabral, como persona física, mantiene una deuda de 15 millones de dólares con Conexión Ganadera. Esta deuda equivale a 29 mil cabezas de ganado que ella debía poseer en su calidad de tomadora externa; no obstante, se ha constatado que no posee un solo animal. La medida cautelar de arresto domiciliario de Cabral vence el próximo 13 de agosto, fecha límite antes de que se resuelva su situación procesal con las nuevas imputaciones.
