La Cámara de Comercio del Archipiélago de Bocas del Toro ha emitido un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga de manera inmediata ante lo que han calificado como un incremento “desproporcionado” en los precios de los combustibles en Isla Colón y el resto de las zonas insulares del archipiélago. A través de un comunicado oficial, el gremio empresarial manifestó su profunda preocupación por el impacto económico que este ajuste genera en una región con características geográficas y logísticas particulares.
Según la organización gremial, el reciente ajuste en los precios ha golpeado severamente la economía local. De acuerdo con los datos proporcionados por la Cámara, el precio del diésel registró un aumento aproximado de 68 centésimos por galón, situándose en los $5.44. Por su parte, la gasolina experimentó un incremento de alrededor de 45 centésimos, alcanzando un precio final de $5.14 por galón. El gremio enfatizó que estas variaciones no pueden ser interpretadas como simples ajustes comerciales, dada la vulnerabilidad y la dependencia total que tiene el territorio insular de estos insumos.
El malestar del sector empresarial surge días después de que entrara en vigor el ajuste quincenal de combustibles el pasado 24 de julio. Si bien es cierto que el incremento aplicado al diésel fue similar al registrado a nivel nacional, la Cámara de Comercio puso el foco en la disparidad del precio final que termina pagando el consumidor en el archipiélago en comparación con el resto del país.
Para ilustrar esta brecha, la organización señaló que mientras en las provincias de Panamá y Colón el galón de diésel se fijó en $4.81, en Isla Colón el costo ascendió a $5.44, lo que representa una diferencia de 63 centésimos. Una situación similar ocurre con la gasolina, cuyo precio en el archipiélago llegó a los $5.14 por galón, contrastando con los $4.76 que rigen para la gasolina de 95 octanos en las provincias de Panamá y Colón.
La Cámara de Comercio recordó que el combustible no es un gasto opcional, sino un insumo esencial y crítico para el funcionamiento básico del archipiélago. La economía de la zona depende enteramente de este recurso para el transporte marítimo, el cual es el único medio para el traslado de pasajeros y la importación de mercancías y alimentos. Asimismo, sectores vitales como la pesca, la construcción y los servicios de emergencia dependen directamente de la disponibilidad y el costo del combustible.
Un punto crítico resaltado por el gremio es la generación de energía eléctrica. Debido a que gran parte de las viviendas y empresas de la zona no están conectadas a la red nacional de transmisión, deben generar su propia electricidad utilizando combustibles fósiles. En este sentido, la Cámara advirtió que cada centavo adicional en el precio del combustible se traduce automáticamente en un aumento de los costos operativos para prácticamente todas las actividades económicas. Esta reacción en cadena terminará reflejándose inevitablemente en el precio final de los alimentos, el transporte, la electricidad y los servicios turísticos, elevando el costo de vida para todos los residentes.
Este escenario se produce en un momento de fragilidad económica para la provincia de Bocas del Toro. El comunicado sostiene que la región atraviesa un periodo complejo, caracterizado por una disminución en el flujo de turistas, pérdidas comerciales significativas y una creciente incertidumbre entre los empresarios e inversionistas. A esto se suman las recientes afectaciones ambientales y el incremento general de los costos operativos que ya venía presionando al sector productivo.
Ante la gravedad de la situación, el gremio empresarial ha solicitado la intervención directa de las máximas autoridades del Estado, específicamente de la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
Entre las demandas concretas, la Cámara solicitó que se realice una inspección y una auditoría integral en todas las estaciones de combustible del archipiélago. El objetivo de esta medida sería verificar los precios autorizados, los márgenes de comercialización, los costos reales de transporte marítimo, almacenamiento y distribución, además de asegurar que la cantidad y calidad del combustible despachado sea la correcta.
Adicionalmente, la organización pidió al Gobierno la publicación de un desglose detallado de los componentes que determinan el precio final del combustible en Isla Colón, solicitando que estos valores sean comparados con los aplicados en Changuinola y otras regiones del país para transparentar las diferencias.
Finalmente, la Cámara de Comercio propuso la creación de un mecanismo especial de estabilización de precios diseñado específicamente para los territorios insulares. Como paso inmediato, sugirieron la instalación de una mesa de trabajo conjunta donde participen el Gobierno, las autoridades reguladoras, los distribuidores de combustible, las autoridades locales y los representantes del sector productivo para encontrar una solución sostenible a esta problemática.
