El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha iniciado una serie de coordinaciones estratégicas con los gremios industriales más afectados por la reciente decisión de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles globales. La medida, fundamentada por el gobierno estadounidense en argumentos relacionados con el trabajo forzoso, ha impactado directamente a Chile con la aplicación de una tasa arancelaria del 12,5%.
Tras una reunión sostenida con los representantes de las industrias perjudicadas, el canciller Francisco Pérez Mackenna informó que el país ha entrado en un periodo de negociación bilateral con Washington. El objetivo central de estas gestiones es lograr la exclusión de los productos chilenos afectados por el gravamen, los cuales se estiman en torno a 45 artículos. Para respaldar esta postura, el jefe de la diplomacia recordó que Chile y Estados Unidos mantienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente, el cual sirve como marco jurídico para las conversaciones.
“Lo que queremos es lograr que Chile quede fuera de estas medidas que, como hemos escuchado, afectan a más del 99% la importación de Estados Unidos”, enfatizó Pérez Mackenna durante su intervención a la salida de la cita.
Por su parte, la titular de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, detalló que la negociación bilateral será conducida por su repartición en conjunto con la Office of the United States Trade Representative (USTR). Estévez señaló que este proceso es el resultado directo de las reuniones de alto nivel que el canciller Pérez Mackenna encabezó previamente durante su visita a Estados Unidos.
La funcionaria precisó que la meta técnica de estas gestiones es lograr que un 40% de los productos incluidos en la investigación estadounidense sean excluidos, integrándose específicamente en el denominado "anexo A" de dicha investigación. En este sentido, la Subrei confirmó que Chile ya ha remitido las listas de productos y la documentación económica pertinente para demostrar que las exportaciones chilenas son complementarias a la economía de Estados Unidos y que, por lo tanto, no representan una amenaza ni afectan la producción nacional norteamericana.
Como parte del cronograma de trabajo, la autoridad adelantó que se espera la visita a Chile, a fines de agosto, de Jeffrey Goettman, quien se desempeña como deputy del USTR y es la segunda autoridad más importante de dicha institución. Paralelamente, la Subrei trabajará de manera coordinada a nivel local con los gremios interesados para fortalecer los argumentos de la negociación.
Durante el encuentro, las autoridades gubernamentales fueron enfáticas al señalar que las medidas adoptadas por Estados Unidos tienen un carácter global y responden a un cambio en su política comercial interna. En consecuencia, recalcaron que la imposición de estos aranceles no debe interpretarse como un resultado del éxito o fracaso de la gestión diplomática chilena.
Desde el sector privado, el impacto económico de estas medidas ha sido calificado como severo. Iván Marambio, representante de Frutas de Chile, estimó que el gravamen podría generar un impacto negativo "muy fuerte", alcanzando hasta los US$ 400 millones en los envíos de fruta fresca hacia el mercado estadounidense. En una línea similar, Patricio Melero, presidente de SalmónChile, citó un estudio universitario para calcular que el impacto en su sector podría ascender hasta los US$ 500 millones.
La magnitud del desafío fue subrayada por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker. Walker detalló que la agricultura chilena alcanzó exportaciones globales de US$ 13.500 millones en 2025, cifra que se eleva a US$ 20.000 millones al sumar el sector forestal. Si se integran los sectores acuícola y pesquero, el total de envíos de alimentos y producción de fibra del país llega a los US$ 30.000 millones. Dado que Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, Walker destacó la relevancia crítica de eliminar este arancel para el sector bioproductor y la bioeconomía.
En representación del sector maderero, Rafael Ide, presidente del Comité de Relaciones Internacionales de Corma, argumentó que los productos enviados por Chile, tales como molduras y maderas de cara limpia, son complementarios y no sustitutos de los producidos en Estados Unidos. Según Ide, estos insumos son necesarios para mantener la competitividad de la industria de la construcción en Norteamérica, por lo que espera que las negociaciones beneficen a las pymes madereras y a los empleos rurales que generan.
Finalmente, Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), señaló que enfrentar los desafíos ante el USTR requerirá de una "diplomacia empresarial activa". Navarro coincidió con el canciller en la necesidad de ampliar la base de mercados de destino para los productos chilenos, destacando que, aunque Chile es una economía pequeña, posee productos de calidad que requieren diferenciación y un trabajo coordinado entre el sector público y privado para presentar argumentos sólidos en los próximos pasos de la negociación.
