El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha anunciado la eliminación de uno de los procedimientos administrativos más tradicionales en el ámbito laboral: la obligación de rubricar la documentación de los empleadores ante la autoridad local. Esta medida, que entrará en vigor el 1° de junio de 2026, se implementa como parte de un plan integral de simplificación administrativa impulsado por la gestión porteña, buscando reducir la burocracia para quienes generan empleo en la jurisdicción.
La disposición fue formalizada a través de la Resolución 852/SECTE/2026, cuya publicación está prevista para este martes en el Boletín Oficial. Con esta normativa, miles de empresas que operan en la Ciudad podrán dejar de realizar un procedimiento que, durante décadas, representó costos administrativos significativos, tiempos de gestión prolongados y la necesidad de cumplir con requisitos específicos para validar libros y diversas documentaciones laborales.
La decisión de la administración porteña no es un hecho aislado, sino que responde a una adecuación necesaria ante cambios producidos a nivel nacional. Recientemente, la Ley 27.802 modificó el régimen previsto en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Complementariamente, el Decreto 407/2026 dispuso que la documentación laboral pase a concentrarse en un sistema único, el cual es administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Este nuevo marco jurídico nacional implica que las administraciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya no tienen la facultad de exigir registros o documentación que difieran de lo previsto por la normativa nacional. En consecuencia, el Gobierno de la Ciudad resolvió derogar todo el esquema regulatorio que sostenía el antiguo sistema de rúbricas, evitando así que subsistan obligaciones que resulten incompatibles con el nuevo ordenamiento legal.
Desde la gestión porteña se enfatiza que este cambio representa una reducción concreta de las cargas administrativas. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, señaló que la medida refleja el compromiso del Gobierno con una administración moderna, eficiente y alineada con el marco normativo vigente. Tapia sostuvo además que la eliminación de obligaciones que han perdido su sustento legal permite reducir costos, simplificar los procesos internos de las empresas y brindar una mayor previsibilidad a los empleadores.
En sintonía con estos argumentos, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, indicó que esta adecuación normativa es el resultado de la decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de avanzar hacia la consolidación de un Estado más moderno y eficiente. El objetivo, según Bueno, es eliminar trámites innecesarios sin que ello afecte los mecanismos de fiscalización existentes.
Ante la eliminación de este requisito, surgió el interrogante sobre si esta medida podría implicar una reducción del control estatal sobre las relaciones laborales. Al respecto, la respuesta oficial ha sido negativa. La Ciudad aclaró que la derogación de la rúbrica no modifica las facultades de inspección, fiscalización y sanción previstas en la Ley 265. Si bien desaparece el trámite administrativo de la rúbrica, se mantienen plenamente vigentes los controles sobre el cumplimiento de la legislación laboral, las condiciones de higiene y seguridad, así como las inspecciones habituales en los lugares de trabajo.
Para garantizar una transición ordenada y evitar conflictos durante el cambio de régimen, la resolución establece un esquema temporal. El período correspondiente a mayo de 2026 será el último en el que se exija la obligación de rúbrica. Por otro lado, aquellos expedientes que hayan sido iniciados antes del 1° de junio de 2026 continuarán tramitándose bajo las normas que estaban vigentes al momento de su presentación hasta que se alcance su finalización.
Asimismo, la resolución encomienda a la Dirección General de Relaciones del Trabajo la gestión de este proceso. Esta medida se inscribe en el proceso general de desregulación impulsado por el Gobierno nacional y acompañado por diversas jurisdicciones. En la práctica, se elimina un trámite histórico para los empleadores porteños, centralizando la registración laboral en el sistema de ARCA y buscando optimizar los costos operativos sin alterar las obligaciones laborales ni las potestades de control del Estado.
