El gobierno entrante de Keiko Fujimori asume la presidencia en un escenario complejo, marcado por la urgencia de mitigar los impactos económicos del fenómeno de El Niño y la necesidad de reactivar una economía que, aunque resiliente, no alcanza los niveles de crecimiento necesarios para reducir la pobreza. Ante este panorama, cuatro destacados líderes empresariales han delineado las medidas indispensables que la nueva gestión debe implementar para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país en el próximo quinquenio.
Katerina Añaños, directora y gerenta general corporativa de ISM, Fernando Eguiluz, CEO de BBVA Perú, Roque Benavides, presidente de Compañía Minera Buenaventura, y Adriana Giudice, CEO de Austral Group, coinciden en que los primeros 100 días de gobierno serán determinantes. La consigna general es clara: conformar un gabinete técnico de alta credibilidad, eliminar las trabas burocráticas y enviar señales contundentes de seguridad jurídica para destrabar las inversiones.
En cuanto a la gestión económica inmediata, Fernando Eguiluz advierte que, si bien el Perú goza de estabilidad macroeconómica e inflación controlada, crecer en torno al 3% es insuficiente. Para el CEO de BBVA Perú, es fundamental profundizar un "shock desregulatorio" y preservar la disciplina fiscal. Por su parte, Katerina Añaños enfatiza que la reactivación económica y la generación de empleo deben ser prioridades absolutas, pero advierte que ningún avance será sostenible sin enfrentar la inseguridad ciudadana. Añaños destaca que la ola de extorsiones y el crimen organizado están golpeando severamente a los pequeños empresarios y bodegueros.
La respuesta ante el fenómeno de El Niño es el desafío más urgente. Los líderes empresariales demandan una transición de una gestión reactiva a una netamente preventiva. Katerina Añaños propone la declaración de una "emergencia preventiva" para asegurar financiamiento inmediato y la creación de un comando único de respuesta liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), priorizando la descolmatación de ríos y la protección de infraestructura crítica.
En sintonía, Adriana Giudice sugiere la implementación de un centro de operaciones que permita geolocalizar los recursos disponibles y la creación de un sistema de alerta temprana para evacuar zonas de peligro. Giudice también hace hincapié en la necesidad de nombrar a un responsable con autoridad suficiente para coordinar los esfuerzos entre el Estado y el sector privado, reforzando servicios de salud y vías de acceso. Roque Benavides, por su parte, señala que la prevención es la única vía para evitar costos económicos mayores, instando al gobierno a coordinar con municipalidades y regiones para revisar el estado de puentes, carreteras y sistemas de agua.
Desde la perspectiva sectorial, las demandas son específicas. Roque Benavides resalta que la minería aporta el 15% del PBI y el 69% de las exportaciones, calificando como una "súper oportunidad" la existencia de yacimientos de cobre no producidos. Para aprovechar esto, solicita un marco normativo predecible que reduzca demoras injustificadas y combata la minería ilegal.
En el sector financiero, Fernando Eguiluz plantea la necesidad de un régimen permanente de garantías estatales para facilitar el crédito a las mipymes, promoviendo así la formalización y la inversión productiva. Mientras tanto, Adriana Giudice urge al fortalecimiento científico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para un monitoreo oceanográfico preciso, solicitando la reactivación de la pesca de anchoveta en el sur y el impulso a la industria atunera, sector que sostiene 250 mil empleos directos e indirectos.
Finalmente, el consenso empresarial apunta hacia una descentralización efectiva. Benavides y Añaños coinciden en que es momento de fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y cerrar las brechas de infraestructura. El sector privado se muestra dispuesto a colaborar, siempre que el Estado asuma un rol promotor, transparente y basado en criterios técnicos, transformando la incertidumbre actual en confianza para los inversores y bienestar para la población.
