Un juez anticorrupción ha rechazado la solicitud de prescripción presentada por la defensa del expresidente Luis Arce, quien se encuentra actualmente bajo detención preventiva. El exmandatario es investigado por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como ministro de Economía en el marco del gobierno de Evo Morales, periodo comprendido entre los años 2006 y 2019.
La resolución judicial fue emitida el pasado viernes por el juez Román Castro. Según la información proporcionada este sábado por el abogado de Arce, Fernando Rivadeneyra, a la agencia EFE, el juzgador no valoró los argumentos técnicos y legales expuestos por la defensa del exjefe de Estado (quien ejerció la presidencia entre 2020 y 2025). Esta decisión implica que el proceso legal contra Arce continuará su curso y que el procesado deberá permanecer recluido mientras se desarrollan las investigaciones.
Ante este fallo, el jurista Fernando Rivadeneyra manifestó un profundo rechazo a la decisión judicial. El abogado calificó el acto como una vulneración directa a las leyes vigentes, a la Constitución Política del Estado y a los preceptos establecidos en el bloque de convencionalidad. Asimismo, Rivadeneyra señaló que la determinación del juez representa una afrenta contra los derechos humanos del expresidente.
Uno de los puntos centrales de la controversia radica en el tiempo transcurrido desde los hechos investigados. La defensa sostiene que el juez cometió un "exabrupto" y dictó un "fallo prevaricador" al ignorar que la prescripción de la acción penal se aplica a partir de los ocho años ocurridos el hecho. En el caso específico de Luis Arce, Rivadeneyra subrayó que los eventos que originaron la acusación habrían sucedido en el año 2009, lo que significa que han transcurrido más de 16 años, superando ampliamente el plazo legal para iniciar o mantener el proceso.
Adicionalmente, la defensa ha cuestionado la imparcialidad del juez Román Castro, acusándolo de haber asumido funciones que corresponden a la Fiscalía. El abogado Rivadeneyra denunció que el juez estableció un supuesto daño económico al Estado superior a los 330 millones de bolivianos, cifra que contrasta drásticamente con la postura de la defensa, la cual asegura que el monto definido no superaba los 7 millones de bolivianos. Según el abogado, el juez no valoró estos aspectos técnicos y determinó que se debe continuar la investigación sobre montos que no han sido directamente individualizados, perjudicando así los derechos de Luis Arce.
En cuanto a los cargos específicos, el expresidente Luis Arce se encuentra detenido preventivamente desde diciembre de 2025. La investigación se centra en los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Se le acusa de haber autorizado desembolsos de recursos provenientes de un fondo de desarrollo hacia cuentas particulares de dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas. Según la tesis acusatoria, estos fondos estaban destinados a proyectos que finalmente no fueron ejecutados o que se realizaron solo de manera parcial.
Por su parte, la defensa ha argumentado previamente que las transferencias de recursos fueron realizadas en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en aquel momento. Específicamente, señalan que se siguieron las leyes sobre el manejo de recursos del Estado y las normas que regulaban el funcionamiento del fondo mencionado. Por lo tanto, sostienen que el entonces ministro no podía oponerse al cumplimiento de normas que habían sido aprobadas por el Parlamento de esa época.
Desde la perspectiva de la Fiscalía, el proceso debe avanzar por la vía ordinaria. El organismo sostiene que las acciones investigadas fueron realizadas por Arce en su calidad de ministro y no en su rol de presidente. Por esta razón, argumentan que no corresponde un juicio especial de responsabilidades, sino un proceso penal común.
Finalmente, se informó que Luis Arce ha presentado diversas solicitudes para obtener su libertad, las cuales han sido denegadas sistemáticamente. En el mes de junio, su detención preventiva fue ampliada por un periodo adicional de cinco meses, lo que significa que el exmandatario deberá permanecer recluido hasta el mes de noviembre.
