En diversas calles del territorio peruano se han registrado manifestaciones ciudadanas que expresan su rechazo ante la próxima investidura de la presidenta electa, Keiko Fujimori. Estas movilizaciones surgen en un clima de tensión social, mientras el país se aproxima a la fecha oficial en la que la mandataria electa tomará posesión de su cargo, evento programado para el próximo 28 de julio.
El núcleo de estas protestas está conformado por personas que se identifican como víctimas de violencia de Estado, así como por familiares de dichas víctimas. Este grupo social ha salido a las calles para manifestar su inconformidad y voicing su oposición al inicio del mandato de Keiko Fujimori. La presencia de estos colectivos en el espacio público subraya la persistencia de heridas sociales ligadas a la gestión del poder en décadas pasadas.
Un punto central en el discurso de los manifestantes es la figura de Alberto Fujimori, padre de la presidenta electa. Según se expone en las movilizaciones, Keiko Fujimori es perseguida por la sombra de su progenitor, quien ejerció la presidencia de Perú durante la década de 1990. El legado de Alberto Fujimori es el eje del conflicto, ya que se encuentra acusado de haber cometido crímenes contra los derechos humanos durante su periodo en el poder.
Para los manifestantes, la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia no es un hecho aislado, sino que está intrínsecamente ligada a la historia de su padre. La mención recurrente a la década de 1990 sirve para contextualizar el malestar de las víctimas de violencia de Estado, quienes vinculan la actual investidura con el pasado institucional y las acciones ejecutadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Más allá de la protesta contra la figura de la presidenta electa, las manifestaciones han adquirido un carácter de demanda legal y legislativa. Los familiares de las víctimas han hecho un llamado explícito y urgente para que se proceda a la derogatoria de las leyes de impunidad. Estas normativas son señaladas como herramientas que han permitido evitar la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con los manifestantes, estas leyes de impunidad no fueron producto del azar, sino que fueron impulsadas y otorgadas por el fujimorismo. El reclamo se extiende también hacia los aliados del fujimorismo que operan dentro del Congreso, señalando que el Poder Legislativo ha sido el espacio donde se han consolidado estos marcos legales que, a juicio de las víctimas, impiden el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño causado.
La exigencia de derogar dichas leyes se presenta como una condición fundamental para el restablecimiento de la justicia. Los manifestantes sostienen que mientras existan leyes que garanticen la impunidad, el Estado peruano no podrá cerrar las heridas abiertas por la violencia de Estado. Por ello, la protesta contra la investidura del 28 de julio se convierte también en una lucha contra la arquitectura legal creada por el fujimorismo y sus aliados parlamentarios.
En resumen, las calles de Perú reflejan una profunda división y un rechazo sectorial hacia la futura mandataria. La combinación de la memoria histórica sobre los crímenes contra los derechos humanos de la década de 1990, la figura de Alberto Fujimori y la existencia de leyes de impunidad promovidas en el Congreso, configuran el escenario de indignación de las víctimas y sus familiares. La mirada de estos colectivos está puesta en la fecha del 28 de julio, día en que Keiko Fujimori asumirá oficialmente el cargo, marcando un momento crítico para quienes demandan justicia y el fin de la impunidad en el país.
