La Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado el desmantelamiento de un sofisticado conglomerado criminal dedicado a la introducción, distribución y comercialización ilegal de combustible en territorio mexicano. En el centro de esta investigación se encuentra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien actualmente permanece recluido en el penal de El Altiplano y es señalado como uno de los accionistas principales de la empresa Ingemar, entidad clave en la operatividad de la red.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el modus operandi de la organización consistía en el ingreso ilegal de gasolina y diésel al país para su posterior venta. Para lograr este objetivo, el grupo delictivo utilizó un esquema coordinado en el que participaron al menos 11 entidades mercantiles. Entre estas empresas se encuentran Ingemar, S.A. de C.V.; Servicios Portuarios, S.A. de C.V.; Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V.; Internacional de Fundentes, S.A. de C.V.; Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V.; Servicio Integrales y Desarrollos G.M.G., S.A. de C.V., Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., Descargas Ferroviarias del Norte, S.A. de C.V.; Lambrucar, S.A. de C.V.; Mapror de Hidrocarburos, S.A. de C.V.; y Servicios Aduanales JR, S.A.S. de C.V.
Dentro de esta estructura, la FGR identificó a cuatro empresas que fungían como destinatarias finales del combustible: Internacional de Fundentes, S.A. de C.V.; Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V.; Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., S.A. de C.V., y Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V. El esquema operaba de manera que, una vez que Ingemar introducía los petrolíferos de forma irregular y sin declararlos ante las autoridades aduaneras, procedía a su enajenación y distribución hacia estas entidades comerciales.
Para dar una apariencia de legalidad a estas transacciones, las empresas involucradas simulaban diversos actos administrativos. Utilizaban cartas porte, guías de embarque y pedimentos de importación para justificar la cesión de propiedad y la distribución de los hidrocarburos, intentando así engañar a las autoridades sobre la licitud de la mercancía. Específicamente, la indagatoria señala que Ingemar y Servicios Aduanales JR fueron los instrumentos corporativos utilizados para materializar el ingreso ilegal de 163 ferrotanques cargados con miles de litros de combustible no declarado.
Un punto crítico de la investigación es el volumen de combustible importado. Durante el ejercicio fiscal 2025, la empresa Ingemar excedió masivamente los permisos otorgados por la Secretaría de Energía. Mientras que contaba con autorización para importar 216 millones de litros de gasolina regular y 173 millones 280 mil litros de aceite diésel, las cifras reales fueron drásticamente superiores: importó 760 millones 367 mil 578 litros de gasolina regular y mil 766 millones 708 mil 953 litros de aceite diésel. Esto representa un excedente no declarado de 544 millones 367 mil 578 litros de gasolina y mil 593 millones 87 mil 578 litros de diésel, sumando un total de 2 mil 137 millones 455 mil 156 litros de petrolífero ingresados ilegalmente.
La FGR también detectó que la empresa Crismon Hidrocarburos y Derivados era la encargada de colocar la mercancía ilícita en el mercado a través de simulaciones fiscales. El análisis de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) reveló que Crismon emitió 130 comprobantes a favor de la entidad Gasolinera Faza por un monto de 89 millones 102 mil 899 pesos durante el ejercicio 2025. Esta vinculación es relevante ya que Gasolinera Faza es objeto de una investigación penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y variaciones en controles volumétricos, operando presuntamente con empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).
Finalmente, la Fiscalía subrayó una anomalía lógica en la operación de Ingemar: durante el año 2025, la única entidad con la que operó fiscalmente fue Crismon Hidrocarburos y Derivados. Para la FGR, resulta inverosímil que una empresa con tal volumen de importaciones tenga un único cliente fiscal, concluyendo que esto fue una estrategia deliberada para mantener el control organizacional del grupo criminal. Asimismo, se confirmó que la mayoría de las empresas implicadas no contaban con los permisos vigentes de la Secretaría de Energía ni de la Comisión Nacional de Energía para importar, distribuir o comercializar hidrocarburos.
