Desde el pasado 24 de julio, las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos enfrentan un nuevo y complejo escenario comercial. El gobierno estadounidense ha puesto en vigor un arancel adicional del 12,5%, una medida que impacta directamente en diversos productos clave de la oferta exportadora nacional, afectando la competitividad de bienes que habían logrado consolidar un espacio significativo en el mercado norteamericano.
Entre los productos más perjudicados por este incremento en los costos de ingreso se encuentran los arándanos y las uvas frescas, dos de los pilares de la agroexportación peruana. Asimismo, la medida alcanza a los espárragos, las mandarinas y, en el sector industrial, a los polos de algodón y a los productos de cobre refinado, específicamente en sus presentaciones de barras y perfiles.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha emitido una alerta sobre el impacto de esta resolución, señalando que los sectores que han impulsado el crecimiento de las exportaciones no tradicionales del país serán los más afectados. La agroexportación, la industria textil y diversas manufacturas se encuentran ahora en una posición vulnerable debido al mayor costo que deben asumir para ingresar al destino más importante para los productos peruanos.
En términos cuantitativos, la magnitud de la medida es considerable. Si bien la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) decidió excluir aproximadamente 2,000 productos peruanos de este gravamen, dicha excepción solo cubre cerca del 45% de los envíos nacionales hacia Estados Unidos. El restante 55% de las exportaciones, valorizado en aproximadamente US$6.221 millones, ha quedado sujeto al pago del nuevo arancel del 12,5%.
Para la CCL, la preocupación central no radica únicamente en el desembolso económico que implica el pago del impuesto adicional, sino en la erosión de la competitividad. En mercados globales altamente disputados, donde pequeñas variaciones en el precio final pueden determinar la decisión de compra de un importador o consumidor, un incremento en los costos de importación puede reducir drásticamente la ventaja comparativa que los productos peruanos habían construido durante años.
El sector agroexportador es el que concentra la mayor inquietud empresarial. Durante la última década, productos como los arándanos y las uvas se convirtieron en motores fundamentales de la economía no tradicional, permitiendo que el Perú expandiera su presencia en las principales cadenas comerciales y supermercados de Estados Unidos. Ahora, este crecimiento se ve amenazado por un escenario de mayores costos de acceso que podría limitar su expansión o reducir su rentabilidad.
Esta misma presión recae sobre los espárragos y las mandarinas, componentes esenciales de la canasta agroexportadora. En paralelo, la industria textil enfrenta el riesgo de que los polos de algodón pierdan atractivo frente a proveedores de otras naciones que gocen de condiciones arancelarias más favorables, lo que podría desplazar la oferta peruana del mercado estadounidense.
En el ámbito minero, aunque el Perú mantiene una posición dominante como exportador de minerales, el impacto se siente en los productos con valor agregado. Las barras y perfiles de cobre refinado forman parte de la lista de bienes afectados, evidenciando que la medida golpea especialmente a aquellos productos que han pasado por un proceso de transformación industrial.
El gremio empresarial ha advertido que esta situación podría comprometer la capacidad de las empresas nacionales para sostener sus precios actuales, generando una presión económica sobre sectores que son fuente de miles de empleos vinculados directamente a la exportación.
Sobre el origen de la medida, la CCL aclaró un punto fundamental: la resolución de Estados Unidos no indica que el Perú exporte mercancías producidas mediante trabajo forzoso. La observación de Washington se centra, en realidad, en la ausencia de una norma legal interna en el Perú que prohíba expresamente la importación de bienes elaborados bajo esa modalidad.
Ante este panorama, la Cámara de Comercio de Lima reconoció las gestiones que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha llevado a cabo ante la USTR, subrayando que es imperativo continuar las conversaciones con las autoridades estadounidenses para buscar una revisión de la medida.
Finalmente, la CCL ha instado al nuevo Gobierno y al Congreso de la República a priorizar la aprobación de un proyecto de ley que impida el ingreso de productos vinculados al trabajo forzoso. El gremio considera que atender esta observación legal es la vía más directa para fortalecer la posición negociadora del Perú y solicitar la eliminación o reducción del arancel del 12,5%. No obstante, recalcan que esto debe ser parte de una estrategia integral para ampliar la lista de exclusiones y evitar la pérdida de competitividad frente a otros países exportadores.
