En la madrugada de este lunes, el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 612/2026, una medida que introduce modificaciones sustanciales en la reglamentación de la ley de Reforma Laboral. Esta decisión representa un alivio financiero significativo para las cajas de los sindicatos, permitiéndoles recibir una mayor cantidad de fondos provenientes de las empresas.
La norma, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello —de quien depende formalmente la Secretaría de Trabajo—, fue firmada el pasado viernes 17, aunque su publicación oficial se concretó este lunes. Un detalle técnico fundamental es que el decreto establece su vigencia desde el día de su firma, un punto crítico para el cálculo de aquellas paritarias que pudieran haberse cerrado en el intervalo entre la firma y la publicación.
En términos concretos, el decreto 612/2026 establece tres cambios fundamentales que impactan directamente en la estructura de financiamiento gremial. En primer lugar, elimina el tope del 2% que había sido fijado originalmente en la ley para los aportes extraordinarios que las empresas realizan a los gremios. Con esta eliminación, los sindicatos y las cámaras empresarias quedan habilitados para negociar libremente el valor de dichos aportes, quedando el Estado en el rol de homologar los acuerdos alcanzados.
En segundo lugar, el decreto modifica la base de cálculo de estos aportes. Anteriormente, se basaban únicamente en los salarios básicos convencionales; ahora, el cálculo incluirá también los salarios con sus adicionales fijos y mensuales. Según el Artículo 1° del decreto, la base de cálculo comprenderá las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional. No obstante, la norma aclara que quedan excluidos conceptos como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, el sueldo anual complementario (SAC), el plus vacacional y cualquier suma no remunerativa o que no se abone de forma normal, habitual y mensual.
Como tercer punto, el decreto impone una condición de destino para estos fondos. El Artículo 2° estipula que las contribuciones y aportes que los empleadores se comprometan a efectuar en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, siempre en beneficio de los trabajadores representados por la asociación sindical. Además, se exige que estos fondos cuenten con una administración especial, debidamente documentada y separada de los demás bienes y fondos sindicales.
Este movimiento representa un revés político para Federico Sturzenegger, quien había sido el principal impulsor de los topes a los aportes patronales. A pesar de que el decreto mantiene la exigencia de asignaciones específicas para el uso de los fondos, la eliminación del límite porcentual debilita la postura técnica sostenida por el funcionario.
El contexto político detrás de esta medida sugiere un giro estratégico de la Casa Rosada hacia la CGT en el marco del inicio de la carrera electoral, orientando los movimientos gubernamentales hacia la búsqueda de la reelección de Javier Milei. Según fuentes consultadas, la CGT mantuvo intensas negociaciones con la mesa política del oficialismo, destacándose la participación de Santiago Caputo y los primos Martín y Lule Menem, quienes actúan alineados con Karina Milei.
Por su parte, la cúpula de la CGT ha manifestado la intención de mantener una línea de negociación con el Gobierno, aun cuando continúe criticando los resultados y la naturaleza del modelo económico implementado. Cabe recordar que la ley de Reforma Laboral fue aprobada por el Congreso en febrero pasado y reglamentada por el Ejecutivo a comienzos de junio; desde entonces, la central sindical peronista había intentado sin éxito atenuar ciertos aspectos de la norma hasta la emisión de este nuevo decreto.
Finalmente, es relevante señalar que el Gobierno ha evitado presentar estas modificaciones como una concesión política o un giro en su rumbo. En los canales oficiales, la administración de Javier Milei ha calificado los cambios introducidos en el decreto 612/2026 simplemente como una "precisión técnica" de la reglamentación vigente.
