La configuración del nuevo gobierno nacional liderado por el presidente electo, De la Espriella, ha puesto el foco sobre la compleja relación entre el Ejecutivo y la familia Char, el clan que ejerce un control predominante sobre la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico. Esta alianza, que combina intereses privados de gran volumen con la dirección de presupuestos públicos, plantea interrogantes sobre la distribución del poder en la región Caribe y la autonomía del mandatario entrante.
El respaldo del sector de los Char a De la Espriella se consolidó formalmente en las semanas previas a la segunda vuelta electoral, tras el fracaso del apoyo brindado a Paloma Valencia en la primera vuelta. No obstante, fuentes cercanas a los círculos políticos locales sugieren que este apoyo existió de manera privada desde el inicio, aunque se mantuvo en reserva para conservar las apariencias frente a Álvaro Uribe. A pesar de esta cercanía, se analiza que el presidente electo conserva una autonomía relativa, dado que logró su triunfo en primera vuelta sin el respaldo público del clan y posee una personalidad que dificulta su manipulación.
La influencia de la familia Char ya es visible en la conformación del gabinete ministerial. De la Espriella ha nombrado a Elsa Noguera como ministra de Transporte y a Mauricio Gómez Amin como ministro de Comercio, ambos pertenecientes al grupo de la poderosa familia. Asimismo, Iván Cancino, quien actúa como abogado defensor de Arturo Char ante la Corte Suprema, ha sido designado como ministro de Justicia. Mientras algunos sectores ven en esto un pago de favores, otros sugieren que se trata de una decisión pragmática para asegurar mayorías en el Congreso, considerando que la facción de Salvación Nacional que avaló al presidente es numéricamente pequeña frente a la fortaleza del Pacto Histórico.
En el ámbito regional, el dominio de los Char se extiende más allá de la política. El clan ha evolucionado desde el capitalismo comercial con las Olímpicas hacia un grupo económico regional con inversiones en la industria y el sector financiero a través de Serfinanza. Su control se apoya en la gestión de la contratación pública mediante un esquema de sociedades de economías mixtas y concesiones a largo plazo que, si bien han permitido la ejecución de grandes obras, carecen de veedurías ciudadanas efectivas.
Este control se ve reforzado por un arraigo cultural profundo. La dirección del equipo de fútbol Junior y la gestión de los carnavales actúan como elementos de cohesión popular que blindan la hegemonía de la familia, dificultando la emergencia de alternativas políticas. Un ejemplo de esto fue el declive electoral de Jaime Pumarejo tras intentar independizarse del grupo charista.
La situación democrática en la región presenta desafíos críticos. Se reporta una ausencia de controles reales debido a que las entidades de vigilancia están permeadas por miembros del grupo. Asimismo, los medios de comunicación locales practican una autocensura motivada por el temor a demandas judiciales o la cancelación de contratos públicos y privados. Quienes intentan investigar los asuntos de la familia Char enfrentan asfixia económica y aislamiento social, dejando la labor investigativa principalmente en manos de medios nacionales o ONGs internacionales.
En el plano judicial, la familia enfrenta complicaciones. La Corte Suprema ha acusado a Arturo Char de delitos relacionados con corrupción al sufragante y concierto para delinquir, vinculados a la compra masiva de votos en 2018. Aunque estos hechos afectan la imagen del clan, el control territorial y cultural sigue siendo fuerte.
Finalmente, la intención del presidente electo de establecer la sede de su gobierno en Barranquilla ha generado controversia. El ofrecimiento del alcalde Char de utilizar la Plaza de la Aduana como despacho presidencial ha sido rechazado por urbanistas locales. Los críticos argumentan que el edificio es un centro cultural que albergaría la Biblioteca Luis Eduardo Nieto Arteta y que no cumple con los estándares de seguridad requeridos para un jefe de Estado, además de que su uso gubernamental congestionaría una zona comercial vital de la ciudad.
