En el marco de las celebraciones del 19 de julio, la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha implementado una estrategia de excarcelaciones masivas de reos comunes, una medida que, según diversas denuncias, busca proyectar una imagen de piedad y justicia ante la comunidad internacional y la población nacional. En vísperas de su fiesta partidaria, el régimen anunció la liberación de 2.000 reos comunes, lo que eleva la cifra total de personas liberadas en lo que va del año 2026 a más de 6.400.
Sin embargo, esta acción ha sido señalada como una simulación de paz que contrasta drásticamente con la realidad que viven los prisioneros políticos en el país. Mientras los delitos comunes reciben beneficios penitenciarios en fechas conmemorativas, los presos políticos permanecen sometidos a condiciones de aislamiento y, en diversos casos, bajo situaciones de desaparición forzada.
Uno de los casos más críticos es el de Carlos Brenes y Salvadora Martínez, quienes llevan casi un año en condición de desaparición forzada. A través de un testimonio detallado, Thelma Brenes Muñoz, hija del coronel retirado Carlos Brenes Sánchez —quien fue detenido el 14 de agosto de 2025—, denunció el ensañamiento del régimen contra quienes son considerados adversarios políticos. Según el relato, a los prisioneros políticos se les niega sistemáticamente la atención médica, el acceso a libros, la lectura de la Biblia, así como la posibilidad de realizar llamadas telefónicas o recibir visitas de sus familiares.
La situación de vulnerabilidad no se limita a Brenes y Martínez. La lista de personas en condiciones similares incluye al obispo Juan Abelardo Mata, Angélica Chavarría, Steadman Fagoth, Eddy González, Víctor Boitano, Santos Ariel Rodríguez y Larry Martínez, entre otros. El testimonio resalta que incluso aquellos que han sido beneficiados con la medida de "casa por cárcel" no gozan de libertad real, ya que viven bajo el acoso diario de grupos paramilitares, transformando sus hogares en una extensión del centro penitenciario.
A nivel internacional, estas acciones no han pasado desapercibidas. El pasado 18 de junio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución formal en la que exigió la liberación inmediata de Carlos Brenes, Salvadora Martínez y el resto de los presos políticos del país. En dicho documento, el organismo europeo solicitó respuestas claras sobre la muerte de Brooklyn Rivera y advirtió que las acciones ejecutadas por el régimen nicaragüense podrían configurar crímenes de lesa humanidad. Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha exigido la implementación de medidas provisionales para proteger la integridad de los detenidos.
Ante estas presiones y exigencias de organismos internacionales, el Estado nicaragüense ha mantenido un silencio absoluto. La estrategia de liberar a miles de reos comunes es vista por los críticos como un intento de borrar el patrón de tortura y desaparición que se ejecuta contra la disidencia política. La exigencia de pruebas de vida, atención médica independiente y la liberación incondicional de los presos políticos se plantea no como un favor, sino como el cumplimiento de obligaciones internacionales que el Estado nicaragüense estaría pisoteando diariamente.
Finalmente, se describe el panorama de las celebraciones del 19 de julio como un evento amurallado y militarizado, basado en el miedo. La detención de sacerdotes, ancianos y mujeres es interpretada como una señal de que el régimen ha perdido el respaldo popular, recurriendo al control coercitivo para mantener el poder. Para las familias de los desaparecidos y los defensores de derechos humanos, ninguna cifra de liberaciones de reos comunes puede ocultar la realidad del sistema penitenciario político en Nicaragua.
