La gestión del presidente José Antonio Kast ha experimentado un incremento en su valoración ciudadana durante la última semana. De acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta realizada por Agenda Criteria, la aprobación del mandatario registró un alza de cinco puntos porcentuales, situándose actualmente en un 37%. Este incremento se produce en un contexto donde la desaprobación hacia el jefe de Estado retrocedió tres puntos, ubicándose en un 52%, mientras que un 11% de los encuestados manifestó no tener una opinión definida sobre su desempeño.
El sondeo, llevado a cabo el pasado 16 de julio a través de un panel online, contó con la participación de 802 personas mayores de 18 años provenientes de diversas zonas del país, lo que permite obtener una visión general sobre el clima político y económico actual.
Paralelamente al ascenso en la popularidad del presidente, el análisis de la encuesta se centró en la denominada "megarreforma", formalmente conocida como el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. En este punto, los datos revelan una situación compleja para el Ejecutivo. Si bien el respaldo a la iniciativa se ha mantenido relativamente estable, con un 35% de los consultados manifestando estar a favor, el rechazo ha mostrado una tendencia al alza, aumentando dos puntos hasta alcanzar el 34%. Un 31% de la muestra indicó que aún no ha definido una postura clara respecto a este proyecto.
Uno de los hallazgos más significativos del estudio es el giro en la percepción sobre los efectos que esta ley tendría en el país. Por primera vez desde que se iniciaron las mediciones de este proyecto, predominan quienes creen que sus consecuencias serán negativas. Específicamente, un 36% de los encuestados considera que el impacto será más bien negativo, superando por un punto porcentual al 35% que estima que los efectos serán positivos. Un 29% de los participantes señaló no tener una opinión definida sobre las consecuencias de la ley.
En relación con los beneficiarios de la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, existe una percepción marcada sobre el destino de las ventajas que podría generar. Un 46% de los encuestados cree que la normativa favorecería principalmente a las grandes empresas y a las personas con mayores ingresos. En contraste, un 36% opina que el proyecto está orientado a impulsar la creación de empleo para la población en general, mientras que un 18% no se identifica con ninguna de estas dos visiones.
El estudio también profundizó en las expectativas económicas a corto plazo en caso de que la ley sea aprobada. Los resultados muestran una ciudadanía dividida y con tendencias pesimistas: un 39% de los consultados cree que la situación económica del país empeorará en un plazo de seis meses, mientras que un 34% estima que se mantendrá igual y un 27% proyecta una mejoría.
Estas expectativas económicas revelan una polarización política profunda. La brecha es especialmente notable al segmentar los datos por identificación política: entre las personas que se declaran de izquierda, un abrumador 81% cree que la economía nacional empeorará. En contraposición, entre quienes se identifican con la derecha, solo un 9% comparte esta visión pesimista, evidenciando una lectura diametralmente opuesta sobre el futuro económico del país.
Finalmente, la encuesta indagó en la percepción microeconómica y laboral de los ciudadanos. Respecto a la economía del hogar, un 34% prevé un empeoramiento, un 44% considera que se mantendrá sin cambios y un 22% espera una mejora. En el ámbito del mercado laboral, el 35% de los encuestados cree que las posibilidades de encontrar un empleo o mejorar el actual serán peores, frente a un 37% que no anticipa cambios y un 28% que proyecta un escenario laboral más favorable.
