El Pacto Histórico ha definido su hoja de ruta frente al inicio del mandato de Abelardo De La Espriella. El congresista Gabriel Becerra reveló que la coalición de izquierda se declarará oficialmente en oposición el próximo 20 de julio, fecha en la que coinciden la posesión del nuevo Congreso de la República y el inicio del periodo gubernamental. Esta decisión implica que el partido no reconoce la legitimidad de De La Espriella como jefe de Estado y buscará activar mecanismos judiciales para anular su elección.
En una entrevista concedida a la revista SEMANA, Becerra detalló que la estrategia de la izquierda se basará en lo que denominó una "oposición inteligente" y alternativa. Esta labor se desarrollará principalmente en los espacios institucionales, especialmente en el Congreso de la República, donde el Pacto Histórico mantiene las bancadas más grandes tanto en el Senado como en la Cámara. El objetivo es ejercer un control político riguroso y defender un proyecto político que se diferencia radicalmente de la propuesta de derecha representada por el nuevo mandatario.
Uno de los puntos más innovadores de esta estrategia es la creación de un "gabinete alternativo". Según explicó el congresista, aunque Colombia posee un sistema presidencialista y no parlamentario, el Pacto Histórico busca adaptar esta experiencia internacional para monitorear la política pública de los ministerios y entidades gubernamentales. Este gabinete alternativo tendría la función de alertar sobre el desarrollo de las políticas oficiales, reafirmar propuestas alternativas y proporcionar insumos técnicos para los debates de control político y las acciones de los movimientos sociales. La metodología exacta de asignación de congresistas para supervisar cada entidad será definida en las próximas semanas.
Respecto a la jornada del 20 de julio, Becerra informó que ya radicó una proposición ante la nueva mesa directiva del Congreso. El Pacto Histórico exige que la posesión del presidente respete el espíritu civil, argumentando que, según la Constitución y la Ley Quinta, este acto debe realizarse ante el Congreso de la República, que representa el poder civil y al pueblo, y no en una guarnición militar ni ante las fuerzas armadas. Para la oposición, este símbolo es fundamental y no debe considerarse una simple formalidad logística.
En cuanto a la agenda legislativa, el Pacto Histórico aseguró que no modificará su programa original a pesar de las dificultades que conlleva estar en oposición. El bloque insistirá en la implementación de la reforma a la salud, la ley contra el fracking y la creación de una jurisdicción agraria. Asimismo, mantendrán un control estricto sobre los decretos que el nuevo Gobierno planea presentar al inicio de su mandato.
La estrategia de oposición no se limitará al recinto legislativo. Gabriel Becerra enfatizó que el partido acompañará las movilizaciones ciudadanas en las calles. El compromiso incluye el respaldo a los campesinos si se intenta revertir la reforma agraria, a los estudiantes en la defensa de la gratuidad, financiación y autonomía de la universidad pública, y a los trabajadores frente a posibles retrocesos en la reforma laboral o la imposición de contratos por horas. También brindarán apoyo a los adultos mayores, madres comunitarias y beneficiarios de programas de Prosperidad Social.
Ante el temor de algunos sectores sobre posibles disturbios, Becerra rechazó la asociación entre movilización y violencia, calificándola como un estigma. El congresista recordó que en los últimos cuatro años las manifestaciones se realizaron mayoritariamente sin hechos lamentables y expresó su preocupación por la posibilidad de que, bajo el gobierno de De La Espriella, regresen las agresiones contra la integridad de los manifestantes, especialmente los jóvenes.
Finalmente, el congresista abordó las denuncias de fraude electoral. Según Becerra, existen evidencias que cuestionan los resultados, especialmente en la votación del exterior, donde no hubo certificación de jueces ni notarios colombianos. Señaló que la victoria de De La Espriella fue por un margen menor a un punto, diferencia obtenida mayoritariamente en el extranjero a través de datos enviados en actas, sin un conteo real verificable. Por ello, el Pacto Histórico presentará una demanda de nulidad electoral ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, instando a que la justicia valore las pruebas y tome una decisión definitiva sobre la legitimidad de la elección.
