La administración de Donald Trump se encuentra en medio de una intensa controversia interna y pública tras la decisión del presidente de revertir una orden que suspendía los controles de tráfico realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta medida surge en un contexto de creciente tensión debido a una serie de tiroteos fatales perpetrados por agentes federales durante operativos de control migratorio.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, había asumido el cargo con la meta explícita de reducir la visibilidad negativa de la agencia. En una comparecencia ante el Congreso a mediados de marzo, Mullin afirmó que su objetivo para un plazo de seis meses era que el departamento dejara de ser noticia principal todos los días. Sin embargo, sus aspiraciones de un verano tranquilo se han visto truncadas por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston y de Joan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine, ambos fallecidos durante controles de tráfico.
Estos controles se han convertido en una herramienta fundamental para que ICE intente cumplir la meta establecida por la administración Trump de realizar aproximadamente 2.000 detenciones diarias. Ante las críticas de miembros del Congreso y funcionarios locales, el DHS había instruido el martes pasado a los agentes de ICE que suspendieran en gran medida las detenciones de vehículos hasta nuevo aviso, solicitando que coordinaran con agencias asociadas únicamente para ejecutar órdenes de arresto penal.
No obstante, esta pausa fue efímera. Según funcionarios de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ordenó la reinstauración inmediata de los controles. El mandatario se mostró enfurecido por la suspensión, impulsado en parte por voces del movimiento MAGA que sugirieron que el gobierno estaba debilitando la aplicación de las leyes migratorias. A través de su plataforma Truth Social, Trump escribió que no se puede renunciar a una de las herramientas más efectivas de ICE para combatir el crimen, advirtiendo que hacer lo contrario sería "hacerle el juego a los delincuentes", e instó a los agentes a volver a su labor.
Esta volatilidad en las directivas contrasta con la gestión de la predecesora de Mullin, Kristi Noem, quien decidió redoblar las apuestas tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis. Internamente, funcionarios del DHS han expresado preocupación privada sobre el impacto en la opinión pública, dado que se han registrado 10 incidentes de disparos de armas de fuego que involucran a la agencia en lo que va de 2026.
El análisis de expertos sugiere que el aumento de los controles de tráfico responde a la pérdida de efectividad de los métodos tradicionales. Las visitas puerta a puerta y el uso de órdenes administrativas del DHS han sido frustradas por redes de organizadores comunitarios que informan a los inmigrantes sobre sus derechos, especialmente que no están obligados a permitir la entrada de agentes de ICE sin una orden judicial firmada por un juez.
John Sandweg, abogado y exdirector interino de ICE durante la era Obama, señaló que existe un afán por aumentar el número de arrestos, lo que presiona a los agentes a detener a personas mientras están en movimiento. Sandweg advirtió que los controles de tráfico son una de las actividades más peligrosas para la policía y que la falta de capacitación adecuada agrava el riesgo. De hecho, la administración Trump había reducido previamente las horas de formación de los nuevos reclutas en medio de una campaña de contratación agresiva.
Para intentar corregir esto, Mullin prometió que la capacitación volvería a los estándares habituales para el 1 de julio. Un portavoz del DHS confirmó que ICE ha implementado formación adicional en control de multitudes, detenciones de vehículos de alto riesgo, capacitación médica y tiro real, extendiendo el programa de formación a 71 días para las nuevas clases.
La controversia también se extiende al uso de la fuerza letal. Según la política del DHS, esta solo debe usarse ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. En los casos de Minneapolis y Houston, ICE afirmó que los vehículos fueron usados como armas, aunque estas versiones han sido negadas por testigos y contradichas por videos. En el caso más reciente de Maine, la explicación oficial fue que el agente disparó porque el vehículo intentó huir y existía una preocupación por la "seguridad pública". Esta justificación ha sido calificada de vaga por analistas legales y fuentes federales, quienes cuestionan si el riesgo a la seguridad pública es suficiente para justificar el uso de fuerza letal.
