El panorama político y social de Venezuela ha dado un giro significativo tras el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio. Bajo el argumento de brindar asistencia humanitaria y apoyar las tareas de reconstrucción nacional, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el territorio venezolano con el desembarco de más de 2.000 efectivos. Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia de control que comenzó con la implementación de la Orden Ejecutiva 14373 y las licencias de la OFAC, herramientas diseñadas para integrar a Venezuela en la estrategia de seguridad energética y geopolítica de la administración estadounidense.
La intervención de Estados Unidos en los asuntos internos del país ha sido recibida con escasa resistencia por parte de la población. Tras años de una severa contracción económica, desempleo, inflación galopante y un deterioro crítico en servicios básicos como electricidad, agua, gas, salud y educación, gran parte de la sociedad parece rendirse ante una tutela externa que promete mejorar las condiciones de vida de los hogares empobrecidos. La magnitud de la catástrofe natural desbordó la capacidad de respuesta de las instituciones nacionales, intensificando el clamor por ayuda internacional y desplazando el debate político sobre la soberanía frente a la urgencia de la reconstrucción.
En este contexto, la Administración Trump ha aprovechado la crisis para ampliar su influencia. Donald Trump ha sostenido que, a pesar de la tragedia, los venezolanos se muestran optimistas respecto al futuro. El mandatario estadounidense ha afirmado que el control sobre Venezuela, poseedora de las reservas de petróleo más grandes del mundo, es un éxito de su política exterior, señalando además que los ingresos obtenidos por las ventas de crudo venezolano han servido para financiar la guerra contra Irán en repetidas ocasiones. Asimismo, Trump ha elogiado la gestión del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, asegurando una relación fluida con dicha administración.
Sin embargo, esta narrativa choca frontalmente con la postura de María Corina Machado (MCM), quien sostiene que la situación del país empeora bajo un gobierno incapaz de solventar la crisis, ahora agravada por el terremoto. A pesar de haber dejado de reclamar el reconocimiento de las presidenciales de 2024 para postularse como candidata, Machado enfrenta restricciones desde Washington. Si bien se le ha asegurado que dejará de estar inhabilitada, se le ha advertido que no puede regresar a Venezuela sin autorización ni retar las directrices de Trump.
La tensión entre la líder opositora y la Casa Blanca se ha manifestado en las protestas frente a la Embajada de EE. UU. en Caracas y en las críticas dirigidas al Encargado de Negocios, John Barrett, por su cooperación con el gobierno interino. Desde Washington, se le ha instado a no "calentar la calle" para exigir elecciones antes de que concluya la segunda fase de recuperación económica. Esta situación ha dejado a Machado fuera de los planes de transición política, como quedó evidenciado cuando el Departamento de Estado designó a Dinorah Figuera, presidenta de la AN 2015, para negociar con el oficialismo las condiciones de la tercera fase de transición.
Respecto al calendario electoral, el escenario indica que no habrá elecciones en 2027 y posiblemente tampoco en 2028. La convocatoria electoral quedaría supeditada a la finalización del ajuste económico y la segunda fase de reconstrucción, un proceso que podría extenderse por más de dos años. La lógica aplicada es que convocar elecciones antes de sanear la economía y fortalecer las instituciones podría resultar en un gobierno débil y una sociedad descontenta, permitiendo que sectores del chavismo, que aún mantienen fuerza en gobernaciones y alcaldías, aborten las reformas económicas pendientes.
Marco Rubio ha reforzado esta visión al declarar que no desea una transición tan rápida que pueda provocar un colapso, defendiendo la necesidad de un "filtro de administración estratégica". Según Rubio, cualquier expectativa de recuperación inmediata de la autonomía venezolana ignora el momento histórico actual. Esta arquitectura de control, basada en la Orden Ejecutiva 14373 y la presencia militar, podría prolongarse incluso bajo una futura administración demócrata, dado que los intereses energéticos y geopolíticos son transversales.
Finalmente, la prioridad de la restauración democrática parece haber quedado subordinada a los intereses de las transnacionales estadounidenses. Venezuela es vista como una fuente de oportunidades en petróleo, gas, oro, diamantes y coltán. A esto se suma la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto, cuyos contratos serán costeados con los ingresos petroleros custodiados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. En definitiva, lo que se observa no es una transición democrática basada en la legitimidad, sino la normalización de un país tutelado donde el cambio económico precede y condiciona cualquier posible cambio político.
