La administración estadounidense ha ratificado la continuidad de los controles de tráfico ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta confirmación fue emitida este jueves por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró que estas medidas seguirán implementándose a pesar de la reciente muerte de dos personas durante operativos migratorios llevados a cabo en los estados de Maine y Texas.
La declaración de Leavitt se produjo durante su primera comparecencia ante los medios de comunicación tras haber dado a luz. En este espacio, la funcionaria detalló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha procedido a impartir instrucciones verbales dirigidas a todas las oficinas regionales distribuidas por el territorio nacional. El objetivo de dichas instrucciones es garantizar que los controles a vehículos continúen operando sin interrupciones.
Según la explicación brindada por la secretaria de Prensa, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene la postura de que las detenciones de vehículos constituyen una herramienta necesaria y fundamental. De acuerdo con la visión del gobierno, este mecanismo es indispensable para que los agentes del ICE puedan proseguir con su campaña activa de deportación, la cual está enfocada específicamente en aquellos individuos catalogados como los peores delincuentes extranjeros indocumentados presentes en el país.
Esta determinación gubernamental se alinea con la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya había manifestado su posición al respecto el pasado miércoles. El mandatario rechazó tajantemente la posibilidad de implementar una suspensión temporal de los controles de tráfico, respaldando así la operatividad de las fuerzas de inmigración en las carreteras.
El contexto que ha generado la controversia actual se centra en dos incidentes fatales. El primero ocurrió el 7 de julio en Houston, Texas, donde falleció Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años. El segundo suceso tuvo lugar el 13 de julio en Biddeford, Maine, resultando en la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años. En ambos casos, las víctimas se encontraban en sus respectivos vehículos en el momento en que los agentes de inmigración intentaron proceder con su detención.
Estos trágicos desenlaces han provocado que se retome el debate público sobre el uso de la fuerza empleado durante los operativos migratorios. Asimismo, los hechos han puesto de relieve la preocupación en torno a la falta de controles y de garantías suficientes para los ciudadanos durante estas intervenciones policiales.
Uno de los puntos más críticos discutidos es la implementación de cámaras corporales para los agentes del ICE, una medida vista como esencial para brindar transparencia a los operativos. Al respecto, Karoline Leavitt informó que más de la mitad de las oficinas regionales del ICE ya disponen de este equipamiento tecnológico. La secretaria de Prensa aseguró que se prevé que el resto de las oficinas reciba las cámaras en un plazo máximo de 60 días.
No obstante, Leavitt reconoció que el proceso de despliegue de estas herramientas ha sido más lento de lo que la administración hubiese deseado. La funcionaria atribuyó este retraso directamente a una decisión de los demócratas, señalando que estos habrían paralizado las actividades del Departamento de Seguridad Nacional durante varias semanas, lo que obstaculizó la distribución del equipo.
Finalmente, la secretaria de Prensa concluyó su intervención expresando su expectativa de que, en un futuro muy cercano, todas las oficinas regionales del país cuenten con la totalidad de las cámaras corporales, buscando así cerrar la brecha tecnológica y operativa en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
