La Comisión de Hacienda del Senado ha dado luz verde a la indicación presentada por el Ministerio de Hacienda relativa a la invariabilidad tributaria. Esta medida, que busca otorgar certezas a los inversionistas, fue aprobada a pesar de las recientes fricciones políticas surgidas con los senadores del Partido por la Democracia (PPD), con quienes el Ejecutivo había alcanzado un acuerdo previo sobre los términos de esta propuesta.
La votación en la instancia legislativa reflejó la división política actual, ya que la aprobación se logró únicamente gracias a los votos del oficialismo. El rechazo a la medida provino de los senadores Paulina Vodanovic, del Partido Socialista (PS), y Diego Ibáñez, del Frente Amplio, quien se integró a la instancia en reemplazo de Daniela Cicardini. Cabe destacar que, en este momento, no existen senadores del PPD participando en dicha comisión.
En cuanto a los detalles técnicos de la norma, el proyecto original contemplaba un beneficio de invariabilidad tributaria por un periodo de 25 años para aquellas inversiones que superaran los 50 millones de dólares. Sin embargo, tras las negociaciones y el acuerdo alcanzado con la bancada del PPD, la propuesta fue modificada para establecer plazos diferenciados según el monto de la inversión, organizándose en tres tramos específicos.
El primer tramo establece que las inversiones comprendidas entre los 50 millones y los 100 millones de dólares contarán con una invariabilidad tributaria de 10 años. Para aquellas inversiones que sean iguales o superiores a los 100 millones de dólares, pero inferiores a los 350 millones, el plazo de invariabilidad se extenderá a 15 años. Finalmente, el tramo más alto, destinado a inversiones iguales o superiores a los 350 millones de dólares, otorgará un periodo de 20 años de invariabilidad.
Adicionalmente, la propuesta aprobada incluye la implementación de un pago extra al impuesto de primera categoría, fijado en un 1,5%. Desde el Ministerio de Hacienda se aclaró que la vigencia de la invariabilidad tributaria comenzará a regir una vez que el proyecto correspondiente empiece a generar ingresos brutos.
Este avance legislativo ocurre en un contexto de fragilidad política con el PPD. El conflicto se desencadenó el pasado viernes, luego de que el Ejecutivo ingresara una indicación que proponía reducir la tasa de impuestos a las empresas del 27% al 22%, alterando el 23% que se había estipulado en el texto inicial. Esta modificación fue recibida con malestar por el PPD, cuyos integrantes anunciaron la ruptura del acuerdo.
Ante la reacción de los legisladores, el Gobierno decidió retroceder y mantener la rebaja en el 23% para intentar salvar el consenso con la colectividad. No obstante, este ajuste aún no ha sido ratificado por los senadores del PPD, quienes han manifestado su distancia y han señalado que podrían no votar a favor de este artículo cuando la iniciativa sea tratada en el pleno del Senado. Senadores como Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal han mantenido el mensaje de quiebre, aunque han planteado nuevas condiciones para retomar las conversaciones, sugiriendo, por ejemplo, una reducción al impuesto específico a las bencinas y combustibles.
Frente a este escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó su deseo de alcanzar consensos amplios. El secretario de Estado enfatizó que espera que se sumen la mayor cantidad de personas a esta iniciativa, la cual, según sus palabras, busca abrir nuevamente las puertas del progreso al país. Al ser consultado sobre el llamado a los legisladores del PPD que se retiraron del acuerdo, Quiroz señaló que el Gobierno mantiene un diálogo constante no solo con ellos, sino con todos los parlamentarios de la oposición.
El ministro subrayó que el objetivo central del plan es regular la competitividad tributaria de Chile para atraer inversiones, las cuales calificó como escasas en la actualidad, con el fin de fomentar la creación de empleo y mejorar las regulaciones.
Por otro lado, la Comisión de Hacienda también aprobó, mediante votos del oficialismo, el cobro de las deudas relacionadas con los derechos de aseo. Este punto generó fuertes críticas por parte de la oposición, cuyos parlamentarios advirtieron que esta medida afectará principalmente a los sectores de menores recursos. Debido a esta preocupación, la senadora del Partido Comunista, Karol Cariola, solicitó formalmente un oficio al Ministerio de Hacienda para obtener antecedentes detallados sobre los grupos de personas que se verán más perjudicadas por la aplicación de esta norma.
Finalmente, la sesión dejó definido el monto de la compensación a los municipios debido a la rebaja en los ingresos por contribuciones. Dicha cifra quedó fijada en 1.500.000 UTM anuales, monto que será establecido formalmente en la Ley de Rentas Municipales.
