Un complejo entramado de demandas en Nueva York, Florida, Delaware e Inglaterra ha culminado en un resultado adverso para la empresa china Joyvio Food, en lo que se describe como el conflicto entre privados más costoso de la historia en la plaza, con un gasto total que bordea los US$50 millones. La disputa, originada tras la compra de la salmonera Australis en 2019 por US$920 millones a su fundador Isidoro Quiroga, ha dejado una estela de sobreproducción legal y pérdidas financieras significativas para la firma asiática.
El punto de quiebre ocurrió cuando la Corte de Apelaciones acogió un recurso para anular un arbitraje internacional. Este hecho es extraordinario, ya que, de las 30 solicitudes presentadas bajo la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional vigente en Chile desde 2004, jamás se había invalidado un laudo. Esta sentencia generó un efecto dominó inmediato en la estructura de Joyvio Food. Seis días después del fallo, el presidente de la compañía, Shaopeng Chen, renunció a su cargo (aunque mantiene su posición en Joyvio Group, la matriz), y Qingtong Zhou abandonó el directorio.
La derrota judicial obligó a Joyvio a retirar múltiples acciones legales en el extranjero. En Nueva York, la empresa desistió de una demanda que buscaba información bancaria de Isidoro Quiroga, sus familiares y excolaboradores, ya que, al anularse el laudo, Joyvio dejó de ser acreedor de Quiroga. De igual forma, en Florida, la firma QuinnEmanuel notificó al Tribunal Federal del Distrito Sur que el fallo que pretendía ejecutar había quedado sin efecto. Cabe destacar que en Florida, Joyvio ya había sufrido rechazos previos en solicitudes de información bancaria dirigidas al JP Morgan.
En el Reino Unido, el escenario fue igualmente desfavorable. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales resolvió que Chile era la jurisdicción adecuada para resolver el conflicto, rechazando una demanda por indemnización de perjuicios presentada por Joyvio. Además, el juez ordenó a la empresa china pagar US$3 millones por concepto de costas procesales de la contraparte. Ante este panorama, Joyvio revocó el patrocinio de sus abogados británicos, Stewarts Law LLP, para actuar en su propio nombre. Finalmente, en Delaware, el Tribunal Superior desestimó las alegaciones de transferencia fraudulenta de activos, ratificando que no existía un caso razonable ni conexiones sustantivas con dicho estado.
El análisis financiero del conflicto revela cifras astronómicas. Expertos estiman que Joyvio desembolsó unos US$20 millones en el capítulo internacional, más los US$3 millones en costas en Inglaterra. Por su parte, Isidoro Quiroga gastó aproximadamente US$10 millones en asesores legales para cubrir el riesgo de exposición patrimonial en diversas jurisdicciones.
La batalla de peritajes fue exhaustiva. Joyvio solicitó 31 informes técnicos, económicos y penales, con un costo estimado de US$1,7 millones. Quiroga respondió con otros 31 informes, incluyendo la contratación de expertos internacionales como Gary Born, Yves Derrains y José María Alonso, además de figuras nacionales como el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El gasto de Quiroga en este ítem ascendió a US$1,9 millones.
En cuanto a los honorarios, el estudio Claro y Cía., liderado por Cristóbal Eyzaguirre, emerge como el gran ganador al lograr la nulidad del fallo arbitral. Se estima que el estudio pudo haber cobrado un monto fijo de US$6 millones y un premio de US$10 millones por revertir el resultado adverso. En contraste, Joyvio pagó montos fijos estimados en US$3,5 millones a su equipo legal, liderado por Alberto Eguiguren, perdiendo además la posibilidad de cobrar honorarios por éxito, que podrían haber alcanzado los US$45 millones si hubieran logrado el recupero de los fondos.
El costo final, sumando honorarios, informes y los US$2,4 millones pagados a los árbitros Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes, alcanza los US$48,5 millones. Actualmente, Joyvio enfrenta la incertidumbre de si solicitar un nuevo arbitraje desde cero —arriesgándose a la prescripción de la acción— o pedir una nueva sentencia basada en las pruebas ya presentadas, mientras el estudio Claro y Cía. se prepara para oponerse a cualquier nuevo proceso.
