El sector empresarial ha manifestado su preocupación y sus expectativas frente al próximo cambio de mando gubernamental, señalando que el gobierno entrante deberá enfrentar dos prioridades urgentes: el combate contra la delincuencia y el crimen organizado, y la gestión inmediata del fenómeno El Niño. Esta última emergencia climática ya está impactando las proyecciones económicas, pues según un estudio de Credicorp, la estimación de crecimiento para el año 2026 se ha reducido de 3,8% a 3,3%.
Desde el gremio empresarial, se ha enfatizado la necesidad de atacar la emergencia de El Niño de manera inmediata, culminando las obras pendientes mediante una coordinación rápida entre el Congreso, los gobiernos regionales, provinciales y el sector privado. En ese sentido, se reafirmó el compromiso del empresariado para sumar esfuerzos, recordando la articulación realizada a través de la Confiep durante la pandemia del COVID-19 y la colaboración canalizada mediante la iniciativa "Hombro a Hombro" durante el ciclón Yaku.
Sin embargo, existe una fuerte crítica hacia la gestión presupuestaria actual. El sector empresarial calificó como "no coherente" que, de un crédito suplementario de más de 9.000 millones de soles solicitado por el Gobierno, solo el 3% esté destinado a acciones para enfrentar el fenómeno El Niño. Se advirtió que el 50% de dicho presupuesto se pretende destinar a gasto corriente, omitiendo que el impacto de El Niño podría tener una magnitud similar o superior a los eventos de 1983 y 1998, lo que requerirá no solo prevención, sino una fuerte inversión en reconstrucción.
A pesar de estos riesgos, la perspectiva económica a largo plazo se mantiene positiva. Se estima que el país tiene el potencial de crecer hasta un 5,6%, cifra que podría verse reducida en un punto o punto y medio debido a El Niño, pero que seguiría representando un crecimiento sólido. Las expectativas empresariales son favorables, respaldadas por un incremento del 10% en las inversiones el año pasado, incluso en un contexto electoral.
En cuanto a la transición política, representantes del sector empresarial confirmaron reuniones con el vicepresidente electo, Luis Galarreta, y Marco Vinelli, jefe de su plan de gobierno. El enfoque del nuevo gobierno se centraría en el modelo de desarrollo basado en la iniciativa privada y la implementación de un plan de "destrabe burocrático". En este contexto, se propone un "shock" desregulario que comience por el sector minero, actividad fundamental para la recaudación estatal y la generación de divisas. Se señaló que los trámites para pasar de la exploración a la explotación han pasado de demorar 15 años a extenderse hasta los 30 años, situación que favorece la invasión de proyectos por parte de la minería ilegal.
Sobre el marco legal minero, el sector empresarial expresó su rechazo a la ley de concesiones mineras aprobada en la Comisión de Energía y Minas, la cual establece un plazo máximo de 15 años para poner en marcha las concesiones, calificando la medida como un "absurdo" debido a los tiempos reales de maduración de los proyectos. Asimismo, manifestaron su oposición a la ampliación del Reinfo, argumentando que, aunque pueda generar convulsión social, es necesario implementar una ley de minería pequeña y artesanal (MAPE) para combatir la inseguridad y la contaminación ambiental.
En el ámbito fiscal, se hizo un llamado a la disciplina y responsabilidad, sugiriendo la revisión de normas que incrementan el gasto corriente de forma exponencial, como el pago de CTS para personal CAS y ciertas iniciativas relacionadas con los maestros. Respecto a Petro-Perú, se criticó la falta de transparencia en sus balances y se instó a continuar con el plan de reestructuración de Proinversión, basado en la meritocracia y la profesionalización de sus cuadros directivos, alejándolos de la influencia sindical.
Finalmente, para la conformación del gabinete, el sector empresarial sugirió perfiles técnicos y políticos capaces de generar confianza. Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se mencionó con buenos ojos el nombre de Elmer Cuba, destacando su capacidad para atraer inversionistas y mantener la estabilidad jurídica. Para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se propuso a Luis Galarreta como una opción viable por su capacidad de articulación política. Para cerrar, se subrayó la urgencia de mejorar la ejecución presupuestal en el sur del país y sancionar a los funcionarios que paralizan obras públicas, reflexionando sobre un quinquenio marcado por la inestabilidad política que ha frenado el desarrollo nacional.
