Anastasiya Minkova, una ciudadana con doble nacionalidad estadounidense y rusa, experimentó un impacto emocional devastador el pasado mes de septiembre. Al regresar a su hogar tras un viaje, descubrió que su marido se había marchado llevándose consigo a su hijo de dos años, a quien se le identifica como Ren para proteger su identidad. Desde entonces, Minkova ha iniciado una ardua batalla legal para recuperar la custodia del menor.
La última vez que Minkova pudo ver a su hijo fue hace seis meses. El encuentro, que duró apenas 30 minutos en un centro de acogida infantil y bajo la supervisión del personal, dejó una marca profunda en la madre. "Mi hijo se aferró a mí con fuerza y no quería soltarme. Apoyó la cabeza en mi pecho y sentí que se sentía aliviado al verme por fin", relató Minkova a CNN, añadiendo que se sintió "totalmente desolada" cuando el tiempo terminó.
Este caso se desarrolla en el contexto de la isla de Shikoku, Japón, un país que hasta abril de este año mantenía una legislación donde solo uno de los progenitores podía ser considerado tutor legal tras un divorcio. Generalmente, dicha tutoría recaía en quien convivía con el niño. Esta normativa llevó a que muchos abogados aconsejaran a sus clientes huir con sus hijos antes de iniciar los trámites de divorcio, una práctica que, aunque podría considerarse sustracción de menores en otros países, no era ilegal en territorio japonés.
Masanori Tanabe, abogado de familia, explica que quien se marcha de casa con los hijos se convierte en el cuidador principal durante el proceso legal, lo que refuerza considerablemente su posición frente al progenitor que permanece en el hogar. Minkova recuerda que, antes del embarazo en 2022, ya existían señales preocupantes en su relación con su esposo, quien se volvió crítico con su maternidad y exigió controlar todas las decisiones sobre la crianza.
Tras la desaparición de su hijo, el padre de Ren contactó a Minkova por mensaje de texto para informarle que se había ido y que solo le permitiría verlo una hora a la semana. Los encuentros, inicialmente en un centro comercial y luego en el domicilio familiar, estaban condicionados por el padre. Tras un altercer en un supermercado, la policía y la agencia de bienestar infantil intervinieron. Sin embargo, después de un periodo de cuidado temporal, el gobierno japonés devolvió al niño a su padre.
Para intentar solucionar estos conflictos, el Ministerio de Justicia de Japón ha implementado una trascendental reforma del Código Civil que introduce la patria potestad conjunta para padres divorciados. El objetivo es que ambos progenitores sigan involucrados en la crianza basándose en el interés superior del menor. El ministerio sostiene que, si un progenitor no coopera y se lleva al niño, este hecho podría jugar en su contra en futuros procedimientos.
No obstante, expertos y abogados advierten que la ley no es una solución inmediata. Masami Kittaka, abogada de familia, aclara que existe una diferencia fundamental entre la "patria potestad" (kyodo shinken), que permite tomar decisiones sobre educación o salud, y la "custodia parental", que garantiza el tiempo de convivencia. La nueva norma no garantiza el reparto del tiempo de crianza ni la custodia compartida automática.
Casos como el de Emily Sato, una estadounidense residente en Tokio, ilustran estas deficiencias. Su esposo desapareció con su hija en 2022, llevándose incluso gran parte de los muebles. Para cuando el caso fue evaluado, el tribunal consideró que el hecho de que la niña viviera exclusivamente con el padre ya constituía un "entorno estable" que no debía alterarse. Sato enfatiza que, sin una aplicación efectiva de los derechos de acceso, las ventajas de llevarse a un niño persisten.
En una situación aún más extrema se encuentra Jeffery Morehouse, de Seattle, quien fue separado de su hijo Mochi hace 16 años. En 2007, Morehouse obtuvo la custodia principal en Washington, pero su esposa se trasladó a Japón con el niño en 2010. A pesar de lograr dos fallos históricos que ratificaban la validez de su orden de custodia estadounidense, Morehouse afirma que Japón no hace cumplir las leyes ni los tratados para devolver a los niños a sus hogares legítimos.
El Ministerio de Justicia de Japón defiende su gestión, asegurando que actúa conforme a los tratados de la ONU y el Convenio de La Haya. Según sus datos, entre 2017 y 2025, los tribunales de Tokio y Osaka emitieron órdenes de restitución en el 70 % de los casos en primera instancia, cifra superior al promedio internacional.
Sin embargo, organizaciones como Kizuna Child-Parent Reunion, fundada por John Gomez, denuncian que la sustracción de menores por parte de un progenitor se sigue tratando como un asunto civil y no penal. Abogados como Masayuki Honda coinciden en que la nueva ley no elimina el incentivo de llevarse a los niños, ya que no existen consecuencias claras para quienes lo hacen sin permiso. Mientras tanto, Anastasiya Minkova continúa luchando por obtener un acceso significativo a su hijo, temiendo que la mala relación con su expareja sea utilizada por los tribunales para denegar la custodia compartida.
