El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha puesto en marcha una estrategia diplomática agresiva impulsada por la administración del presidente Donald Trump, cuyo objetivo central es debilitar y, eventualmente, desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI). Esta postura fue revelada durante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde se discutía la solicitud de presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027.
La intervención de Rubio en Capitol Hill, Washington, DC, el pasado 2 de junio de 2026, cobra especial relevancia al ser el primer testimonio del jefe de la diplomacia estadounidense ante el Senado desde que se inició la guerra contra Irán. En este contexto de alta tensión geopolítica, Rubio manifestó que el gobierno de los Estados Unidos considera que la CPI representa una amenaza directa y tangible tanto para la soberanía nacional como para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
Durante su declaración, el secretario de Estado sostuvo que la Corte Penal Internacional tiene la pretensión de transformarse en un «tribunal mundial permanente». Según Rubio, el organismo busca ejercer facultades para juzgar y ordenar el arresto de ciudadanos procedentes de países que no han aceptado su jurisdicción. En este grupo de personas vulnerables a las acciones del tribunal, Rubio incluyó específicamente a militares, agentes de policía, funcionarios electos y agentes fronterizos de los Estados Unidos.
Rubio enfatizó que la población estadounidense nunca ha otorgado su consentimiento para tales procedimientos. Para respaldar esta afirmación, recordó que Washington no ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundamental que dio origen a la creación de la CPI. Asimismo, señaló que el rechazo a que un tribunal internacional tenga autoridad sobre ciudadanos de los Estados Unidos ha sido una postura mantenida históricamente por sectores políticos de ambos partidos en el país.
Uno de los puntos más críticos de la intervención fue la denuncia sobre las investigaciones que la CPI mantiene abiertas contra miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU., haciendo especial hincapié en aquellas relacionadas con presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán. Para el secretario de Estado, estas acciones no son ejercicios de justicia, sino que representan una intromisión inaceptable en las decisiones judiciales y militares internas de la nación.
Más allá de los aspectos legales, Rubio lanzó duras críticas contra el respaldo que la CPI recibe de ciertos gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales. Acusó a estos actores de impulsar una agenda «globalista» que atenta contra la autonomía de los Estados soberanos. En sus palabras, la CPI está siendo respaldada y dirigida por una red compuesta por organizaciones no gubernamentales de tendencia izquierdista, «globalistas arrogantes» y gobiernos del Tercer Mundo que, según Rubio, están unidos por su enemistad hacia los Estados Unidos.
El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que la operatividad de la CPI pone en riesgo a funcionarios clave encargados de la seguridad nacional. Rubio mencionó explícitamente a fiscales federales, agentes de la Patrulla Fronteriza y militares desplegados en diversas misiones internacionales, afirmando que la injerencia del tribunal en las operaciones policiales y militares del país constituye un grave abuso de poder. Para el funcionario, aceptar la autoridad de este organismo equivaldría a renunciar al control del destino nacional.
Para ejecutar este plan, la administración Trump impulsará una estrategia internacional orientada a sumar aliados que compartan la visión de defender la soberanía estatal frente a los organismos multilaterales. Rubio fue enfático al declarar que Estados Unidos lanza una campaña diplomática con un mensaje claro: la prioridad es la soberanía de los Estados por encima del globalismo.
Finalmente, el secretario de Estado aseguró que el gobierno de Washington no escatimará esfuerzos ni recursos para alcanzar este objetivo. Rubio concluyó su intervención con una declaración contundente sobre la determinación de su administración para eliminar la estructura del tribunal: «Desmantelaremos la CPI, ladrillo a ladrillo si es necesario».
