Cuba alcanza este sábado el quinto aniversario del multitudinario estallido social ocurrido el 11 de julio de 2021, conocido como 11J, en un escenario marcado por una profunda crisis económica y energética. La efeméride coincide con un periodo de inestabilidad donde las protestas diarias por la escasez de alimentos y la falta de suministro eléctrico se han vuelto recurrentes, sumándose a un incremento en el número de personas encarceladas por motivos políticos.
La situación energética de la isla ha alcanzado niveles críticos. Tan solo durante la presente semana, Cuba ha sufrido dos apagones nacionales, elevando a cuatro el número de cortes totales en lo que va de año. Fuera de estos eventos masivos, las condiciones cotidianas siguen siendo precarias: en La Habana, el suministro eléctrico se limita, en promedio, a una o dos horas diarias, mientras que en las provincias los cortes de corriente pueden extenderse hasta tres días consecutivos.
Este colapso energético se produce en un contexto de mayor presión internacional. Se cumplen seis meses desde que Washington intensificara sus medidas, implementando un bloqueo petrolero que ha paralizado la actividad en la isla y deteriorado significativamente las condiciones de vida de la población. Asimismo, la aplicación de nuevas sanciones ha provocado que diversas empresas extranjeras abandonen el país, agravando la crisis económica.
Ante este panorama, se registran protestas diarias, generalmente integradas por decenas de personas que se manifiestan de forma pacífica, principalmente en la capital, La Habana. Los ciudadanos exigen al Estado la garantía de servicios básicos fundamentales, como el acceso al agua, la corriente eléctrica y la disponibilidad de alimentos. El descontento social se ha manifestado a través de cacerolazos, bloqueos de calles y la quema de basura en diversas zonas.
Voces de la disidencia cubana consideran que el 11J representó una ruptura histórica e irreversible en la relación entre el Estado y la sociedad. Manuel Cuesta Morúa, opositor cubano, sostiene que la profundización de las carencias y las desigualdades estructurales podrían desencadenar un evento similar al de 2021. Cuesta Morúa indica que las protestas actuales consolidan, cinco años después, una reconfiguración en la relación entre el pueblo y el Gobierno revolucionario, rompiendo el contrato histórico que los unía.
En sintonía con esto, Marthadela Tamayo, también opositora, reconoce que aunque no se ha visto una manifestación masiva similar a la del 11J desde entonces, las condiciones actuales llevan a que la isla pudiera vivir un evento de esa magnitud nuevamente. Por su parte, Laritza Diversent, directora de Cubalex, destacó en un conversatorio online que la población civil no ha dejado de salir a la calle desde aquellas protestas y resaltó que la ciudadanía ha creado nuevos mecanismos para manifestarse, reflejando un cambio de perspectiva.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno cubano ha sido el endurecimiento de las medidas. Cuesta Morúa señala que el Estado ha impuesto duras sanciones y llevado a prisión a manifestantes para enviar un mensaje sobre su determinación de encarecer el descontento ciudadano. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha denunciado una "grave situación represiva", contabilizando al menos 1.949 acciones represivas únicamente durante el primer semestre del año.
La situación de los presos políticos es uno de los puntos más críticos. La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que aproximadamente 800 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, y casi la mitad de ellas fueron detenidas por participar en las manifestaciones del 11J. En total, organizaciones de derechos humanos señalan que aquellas protestas finalizaron con la detención de más de 1.400 personas. HRW ha exigido al Gobierno cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y el cese de la represión sistemática contra la disidencia.
Un caso emblemático es el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro y figura visible de la disidencia artística. Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 mientras intentaba sumarse a las protestas. Aunque el pasado 9 de julio extinguió su pena de cinco años por desacato y desórdenes públicos, aún no ha sido puesto en libertad, lo que ha llevado a HRW a criticar que su liberación parezca estar condicionada al exilio.
En contraste con estas denuncias, el Gobierno cubano mantiene su postura oficial. Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC), calificó el 11J como una "victoria popular" a través de las redes sociales este sábado, insistiendo en que la Patria se defiende y que no se negará a los revolucionarios el derecho a hacerlo.
