El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado formalmente este lunes, 13 de julio de 2026, la puesta en marcha de una exhaustiva campaña diplomática cuyo objetivo central es el desmantelamiento de la Corte Penal Internacional (CPI). El organismo, que constituye un pilar fundamental del sistema de justicia a nivel global, se encuentra ahora en el punto de mira de la administración estadounidense, que busca presionar a sus aliados internacionales para que abandonen la institución.
La decisión de Washington se fundamenta en la acusación de que la CPI se ha inmiscuido en asuntos internos de Estados Unidos, interfiriendo en la jurisdicción y las decisiones del país. Según las declaraciones de Marco Rubio, la existencia y el accionar de la Corte representan una "amenaza intolerable para la soberanía estadounidense". El secretario de Estado argumentó que el organismo se ha arrogado una autoridad que no le corresponde, pretendiendo procesar e incluso encarcelar a funcionarios y militares estadounidenses que actúan en cumplimiento de la defensa del interés nacional de su país.
En un discurso crítico, Rubio señaló que la Corte Penal Internacional está librando una "guerra contra nuestro país", aunque aclaró que esta confrontación no se desarrolla mediante el uso de balas o misiles, sino a través de la implementación de estatutos, pactos y el ejercicio de lo que se define como derecho internacional. Esta visión sitúa a la CPI no como un ente de justicia, sino como una herramienta de presión legal contra el gobierno de los Estados Unidos.
Es importante recordar que Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, el tratado fundacional que creó la CPI. Bajo la administración de Donald Trump, el gobierno estadounidense ya había tomado medidas coercitivas, incluyendo la aplicación de sanciones contra altos funcionarios de la Corte. Estas medidas previas fueron una respuesta a las investigaciones iniciadas por la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en territorio afgano, así como a las acciones emprendidas por el organismo contra funcionarios israelíes, quienes son considerados aliados clave de Washington.
La nueva estrategia desplegada por el Departamento de Estado es más agresiva y abarca diversas dimensiones. En primer lugar, se plantea la prohibición de entrada al territorio de Estados Unidos para todo el personal vinculado a la CPI. Asimismo, el plan contempla un incremento en las sanciones dirigidas no solo a los miembros de la Corte, sino también a las organizaciones que estén afiliadas a ella.
En el plano diplomático, Washington intensificará la presión sobre sus aliados internacionales. Rubio ha sido enfático al señalar que aquellos países que "disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos" deben rechazar abiertamente las iniciativas de la CPI. Para ejecutar esta estrategia, la administración de Donald Trump llamará a embajadores y altos cargos de diversas naciones extranjeras con el fin de exponer lo que califican como "los abusos de la CPI" e instarlos a retirarse formalmente del organismo.
Además de la presión diplomática, Estados Unidos implementará un "mayor escrutinio" sobre aquellas naciones que se nieguen a rechazar la autoridad de la CPI, especialmente si estas dependen de la asistencia financiera o técnica proporcionada por Washington. Esta medida vincula la ayuda estadounidense con la postura política de los países receptores frente a la justicia internacional.
Finalmente, el secretario de Estado denunció que la Corte Penal Internacional aspira a convertirse en un "árbitro global sin rendición de cuentas". En una columna de opinión publicada este mismo lunes en el diario The Wall Street Journal, Marco Rubio reafirmó su determinación, asegurando que, con el apoyo de sus aliados, Estados Unidos se encargará de desmantelar la CPI "ladrillo a ladrillo, si es necesario".
