La organización de la sociedad civil Sendas ha emitido una advertencia contundente sobre el estado actual de la reforma al sector eléctrico en Honduras. Según el análisis divulgado este miércoles, el desafío fundamental que enfrenta el país no reside únicamente en la aprobación de un nuevo marco legal, sino en la ausencia crítica de una autoridad que posea el mandato y la capacidad operativa necesaria para ejecutar los cambios estructurales que el sistema requiere con urgencia.
En su publicación, la organización señaló que, aunque el debate sobre la reforma a la legislación del sector eléctrico ha estado presente durante varios meses, el proyecto de ley aún no ha logrado reunir los votos suficientes para su aprobación en el Congreso Nacional. Sin embargo, Sendas sostiene que este estancamiento legislativo es solo el síntoma de un problema mucho más profundo: la falta de un responsable con autoridad suficiente para liderar la implementación real de la transformación energética.
Para sustentar su postura, Sendas, organización creada hace un año con el propósito de generar análisis y propuestas de política pública, recordó la experiencia previa con la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014. Según la entidad, aquel antecedente demuestra que la simple aprobación de una normativa no garantiza resultados tangibles, tales como la reducción de las pérdidas de energía, la profesionalización de las instituciones involucradas ni la viabilidad para la entrada de nuevas empresas en el sector.
La organización enfatiza que, para que cualquier reforma eléctrica sea efectiva, es imperativo alcanzar un consenso nacional y contar con un liderazgo capaz de coordinar decisiones complejas en los ámbitos regulatorio, financiero, operativo y de inversión. En este sentido, el análisis de Sendas destaca que otros países de la región, específicamente Guatemala y Panamá, lograron avanzar significativamente en sus reformas eléctricas gracias a que sus gobiernos delegaron la autoridad en equipos con funciones claramente definidas, encargados de conducir el proceso desde la aprobación de la ley hasta su ejecución final.
En contraste, la situación en Honduras se describe como un escenario de responsabilidades dispersas. Sendas detalla que las funciones se encuentran fragmentadas entre diversas instituciones: mientras el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se encarga de la administración y el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) se ocupa de la regulación, la Secretaría de Energía posee un alcance institucional limitado y la Secretaría de Finanzas debe gestionar las consecuencias fiscales derivadas del endeudamiento del sector.
Esta distribución de competencias, según Sendas, impide la existencia de una autoridad con dedicación exclusiva, autonomía y capacidad de decisión, lo que inevitablemente genera conflictos de interés y dificulta la conducción de la reforma. A esto se suma la falta de continuidad en la gestión, un punto crítico señalado por la organización. Sendas advierte que la estructura institucional actual no garantiza estabilidad; como ejemplo, menciona que los gerentes de la ENEE permanecen en sus cargos un promedio de menos de 20 meses, mientras que los procesos de licitación para proyectos de generación pueden extenderse hasta siete años.
El impacto financiero de esta ineficiencia es considerable. El documento resalta que las pérdidas de energía superan el 38 %, lo que generará costos superiores a los 500 millones de dólares para el año 2025. Asimismo, se estima que la inversión necesaria en transmisión eléctrica asciende a unos 900 millones de dólares durante la próxima década.
Ante este panorama, Sendas aclara que, si bien la cooperación internacional puede brindar respaldo al proceso de transformación, esta no puede sustituir el liderazgo nacional. Por ello, la organización propone la creación de una autoridad de implementación que cuente con un mandato real, autonomía operativa, dedicación exclusiva y mecanismos transparentes de rendición de cuentas ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
Sobre el perfil de quien debería liderar este proceso, Sendas sugiere que la prioridad no debe ser la especialización técnica, la cual puede ser cubierta por un equipo de expertos, sino la capacidad de decisión, la credibilidad y el peso político. Finalmente, la organización sostiene que el nombramiento de la persona encargada de ejecutar la reforma será la señal definitiva sobre el compromiso real del Estado hondureño con la transformación del sector, ya que el perfil y las facultades otorgadas reflejarán el nivel de prioridad que el Gobierno asigna a este proceso.
