La Comisionada de la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos (FMC), Laura DiBella, ha manifestado una profunda preocupación ante lo que describe como un uso instrumental de las inspecciones de control del Estado rector de puerto por parte de China. Según las declaraciones de la funcionaria, estas acciones están siendo empleadas como una herramienta de presión directa contra los buques que navegan bajo la bandera de Panamá, generando una situación de inestabilidad en el transporte marítimo.
Esta advertencia no es un hecho aislado, ya que DiBella reiteró inquietudes que ya habían sido expresadas en marzo pasado. A través de un comunicado formal, la comisionada señaló que estas inspecciones, que deberían responder a normativas de seguridad y cumplimiento técnico, han tomado un matiz de represalia. Según el análisis de la funcionaria, la frecuencia y el rigor de estas detenciones superan con creces las normas históricas aplicadas habitualmente, y lo más preocupante es que no han mostrado señales de disminuir con el paso del tiempo.
Es fundamental precisar que las opiniones vertidas en el comunicado son de carácter personal de Laura DiBella y, tal como ella misma aclaró, no representan la postura oficial de la Comisión Federal Marítima sobre este asunto específico. No obstante, su posición como alta funcionaria subraya la gravedad de la situación desde una perspectiva técnica y estratégica.
De acuerdo con la información proporcionada por DiBella, el origen de estas medidas punitivas se encuentra en una decisión judicial interna de Panamá. Las acciones de China parecen estar destinadas a castigar al Estado panameño debido a un fallo adoptado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Dicha resolución judicial anuló la concesión que la empresa CK Hutchison, firma con sede en Hong Kong, poseía anteriormente para la operación de las terminales portuarias de Balboa, ubicada en el lado Pacífico, y de Cristóbal, situada en el lado Atlántico del Canal de Panamá.
Este conflicto legal entre el Estado panameño y la empresa de Hong Kong ha escalado al plano operativo marítimo, afectando directamente a las naves abanderadas en Panamá, que son las que han registrado el mayor índice de retenciones en los puertos chinos.
El impacto de esta situación trasciende las fronteras de Panamá y China, afectando directamente los intereses de los Estados Unidos. DiBella señaló que un porcentaje considerable del comercio estadounidense es transportado en embarcaciones que utilizan la bandera panameña. Por lo tanto, las detenciones que se consideran injustificadas no solo afectan al operador del buque, sino que amenazan con generar repercusiones estratégicas y comerciales adversas para la marina mercante de los Estados Unidos.
La comisionada subrayó que el riesgo no se limita a los retrasos inmediatos en las entregas, sino a un problema estructural más profundo. Permitir que estas detenciones se normalicen establecería un precedente sumamente perjudicial para las cadenas de suministro internacionales. En un mundo interconectado, donde el flujo de mercancías depende de la seguridad jurídica y la predictibilidad de los puertos, el uso de inspecciones técnicas como arma política podría desestabilizar el comercio global. Por esta razón, DiBella afirmó que frenar esta situación constituye una prioridad absoluta.
Finalmente, la funcionaria recordó que la legislación bajo la jurisdicción de la Comisión Marítima Federal le otorga la facultad legal para examinar y analizar si las normativas o las conductas de administraciones extranjeras están generando escenarios desfavorables para la navegación comercial estadounidense. Esta capacidad de supervisión es la que permite a la FMC monitorear cómo las decisiones políticas en Asia afectan el flujo de carga y la operatividad de los buques que sirven al mercado norteamericano, manteniendo la vigilancia sobre cualquier práctica que pueda distorsionar la equidad en el comercio marítimo internacional.
