El marco del Mundial 2026 se ha visto empañado por incidentes de violencia y agresiones dirigidas hacia ciudadanos ecuatorianos en la capital de México, coincidiendo con el encuentro deportivo entre las selecciones de Ecuador y México. Lo que debería haber sido una celebración del deporte se ha transformado en un foco de tensión, especialmente debido a los intentos de algunos sectores por justificar estos ataques basándose en la crisis diplomática derivada de la situación de la embajada de México en Quito.
Diversas voces han manifestado su rechazo rotundo a que la política interfiera en el ámbito futbolístico. Se sostiene que las agresiones sufridas por los ecuatorianos no encuentran ninguna justificación válida en el conflicto diplomático actual. El argumento central es que la política jamás debe ensuciar el deporte, y que intentar vincular la violación de la embajada mexicana en Quito con el maltrato a ciudadanos en un estadio es un razonamiento inadmisible.
En este sentido, se ha advertido sobre la peligrosidad de aceptar este tipo de narrativas. Si se permite que la crisis de la embajada sirva como pretexto para agredir a ecuatorianos, se abriría la puerta a que personas desadaptadas en Ecuador pudieran justificar ataques contra mexicanos en futuros encuentros. Un argumento similar podría utilizarse basándose en el hecho de que diversos grupos delincuenciales que operan y causan estragos en territorio ecuatoriano tienen su origen y son obra de los cárteles mexicanos.
Asimismo, se ha señalado que se podría recurrir a argumentos similares para atacar a periodistas deportivos mexicanos, alegando que el Gobierno de México vulneró las convenciones de asilo al otorgar protección a un individuo condenado por latrocinios, una acción que está expresamente prohibida en los instrumentos internacionales de asilo. Se critica que, para intentar explicar comportamientos irracionales o "tonterías", algunas personas desplieguen una creatividad desmedida para encontrar justificaciones donde no las hay.
Es fundamental recordar que el conflicto relacionado con la embajada se encuentra actualmente bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Este es el organismo competente para resolver este tipo de disputas internacionales. Desde el análisis de los hechos, se sugiere que ni Ecuador ni México saldrán indemnes de este proceso, y se plantea la necesidad de que dicha Corte establezca pautas claras para evitar el abuso, el fraude y la malicia en el otorgamiento de protecciones diplomáticas, las cuales parecen haber sido diseñadas para políticos y, en ocasiones, para personas con antecedentes delictivos.
Por otro lado, se ha calificado de increíble que, por razones de política menor, existan personas vinculadas a un exjefe de Estado que actualmente se encuentra prófugo, justificando que la crisis diplomática sea la causa de agresiones contra compatriotas que no formaron parte de la toma de decisiones gubernamentales. Se critica la postura de quienes utilizan la patria como una excusa para alcanzar objetivos personales o políticos, subrayando que cualquier ecuatoriano con principios debería sentirse ofendido ante el ataque a su himno nacional. Si bien se aclara que dicha ofensa no justifica una contraofensiva violenta, sí amerita una reacción de indignación.
Finalmente, se ha enfatizado que los problemas internos de los ecuatorianos deben resolverse dentro de sus propias fronteras y entre sus ciudadanos. Se ha rechazado la interferencia de figuras extranjeras, específicamente la postura de la presidenta de México, quien ha manifestado que no restablecerá las relaciones diplomáticas. Se argumenta que dicha decisión es un asunto interno de México y que la mandataria puede utilizar esa postura para obtener provecho político en su propio país, pero que no debe afectar la relación entre los pueblos. Existe una preocupación genuina por que la larga amistad histórica entre ecuatorianos y mexicanos sea descartada debido a conflictos entre políticos, quienes ya representan una carga suficiente para ambos países.
