Peter Ticktin, abogado de Florida y amigo cercano de Donald Trump desde su época en la Academia Militar de Nueva York, se ha posicionado como una de las figuras más activas en la promoción de teorías sobre el fraude electoral en los Estados Unidos. A sus 80 años, Ticktin sostiene que las elecciones de 2020 fueron objeto de una interferencia extranjera coordinada y que actualmente se tramando planes para manipular los resultados de las próximas elecciones intermedias.
La postura de Ticktin es tajante: afirma que países como Venezuela, China e Irán intervinieron para arrebatarle la victoria a Donald Trump en 2020. Según sus declaraciones, el uso de máquinas de votación electrónica, específicamente las de Dominion Voting Systems y Smartmatic, fue el vehículo para esta supuesta manipulación. Ticktin ha insistido en que pruebas definitivas saldrán a la luz una vez que la administración de Trump capture y procese al líder venezolano Nicolás Maduro, a quien describe como una de las "cabezas de la serpiente" detrás de este proceso.
Sin embargo, estas afirmaciones contrastan drásticamente con los informes oficiales. Un reporte de inteligencia de 2021 confirmó que, aunque diversas potencias intentaron influir en la opinión pública para favorecer o perjudicar a ciertos candidatos, ninguna logró alterar los aspectos técnicos del proceso de votación, el registro de votantes o el recuento de los resultados. Asimismo, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional desmintieron en marzo de 2021 que las acusaciones de piratería informática extranjera fueran creíbles.
En la actualidad, Ticktin presiona a Donald Trump para que tome medidas drásticas. El abogado propone la emisión de un decreto presidencial que declare una emergencia nacional basada en la injerencia extranjera, lo que permitiría al presidente tomar el control federal de las próximas elecciones de mitad de periodo. Esta medida incluiría la prohibición del uso de máquinas de votación y restricciones severas al voto por correo. Expertos en derecho electoral y funcionarios estatales han advertido que tal escenario sumiría al país en una crisis constitucional, ya que la Constitución de Estados Unidos otorga la potestad electoral a los estados y al Congreso, no al presidente.
La trayectoria legal de Ticktin es tan variopinta como controvertida. Ha representado a una clientela diversa que incluye desde miembros de los Backstreet Boys hasta la hermanastra de Meghan Markle. No obstante, su papel más prominente ha sido la defensa de figuras clave del movimiento negacionista electoral. Entre ellos destaca Tina Peters, exfuncionaria de Colorado condenada por conspirar para vulnerar sistemas de votación. Ticktin fue fundamental en la campaña para liberar a Peters, redactando una carta de nueve páginas solicitando un indulto presidencial y presionando al gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, quien finalmente conmutó su sentencia en mayo.
A pesar de su cercanía declarada con Trump, la verdadera influencia de Ticktin es motivo de debate. Mientras que el abogado afirma mantener una comunicación fluida con el presidente, un funcionario de la Casa Blanca ha restado importancia a esta relación, sugiriendo que Ticktin exagera su nivel de acceso y que no influye en las políticas oficiales de votación de la administración.
El comportamiento de Ticktin en los tribunales también ha sido objeto de críticas. Ha sido sancionado junto a la abogada Alina Habba por presentar acusaciones "a sabiendas falsas" en una demanda contra Hillary Clinton. Además, se le ha vinculado con incidentes de falta de decoro, como una agresión física contra el abogado Charlie Cain durante un proceso judicial relacionado con Dominion Voting Systems. En ese mismo caso, se detectó que Ticktin utilizó el nombre del cantante Rick Astley en los metadatos de un escrito legal, luego de que se descubriera que el documento había sido redactado por una abogada previamente excluida del caso.
Finalmente, Ticktin ha estado involucrado en disputas con otros aliados, como el abogado Mark McCloskey. Ambos colaboraron inicialmente para buscar indemnizaciones para los condenados por los disturbios del 6 de enero de 2021, pero la relación terminó en un distanciamiento tras la creación de un fondo federal contra la "instrumentalización" de la justicia. Ticktin continúa actualmente presentando demandas contra el Gobierno federal en representación de acusados del Capitolio, manteniendo su postura de que el sistema judicial fue utilizado indebidamente.
