El pasado 2 de julio, la presidenta Laura Fernández firmó la reforma a la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), una medida previamente aprobada por la Asamblea Legislativa que busca cambiar el rumbo de la institución y el desarrollo económico de la provincia de Limón. Esta modificación legal crea un nuevo marco jurídico que permitirá a la entidad desarrollar proyectos mediante alianzas estratégicas con inversionistas, superando restricciones que durante años hicieron inviables iniciativas de gran escala.
El objetivo central de este nuevo marco legal es permitir la ejecución de proyectos estratégicos, destacando la proyectada marina turística y la terminal de cruceros de Limón. Esta iniciativa, cuya valoración ronda los 854 millones de dólares, ha permanecido en discusión durante casi dos décadas debido a las limitaciones estructurales y jurídicas de Japdeva. Con la reforma, el Estado busca atraer inversión privada y optimizar el uso de los recursos provenientes de APM Terminals y otras fuentes para dotar al Caribe de infraestructura moderna y competitiva.
Para comprender la magnitud de este cambio, es necesario analizar la trayectoria de Japdeva. La institución nació en una etapa en la que el Estado asumía los roles de constructor, administrador, financiador y operador. Durante décadas, Japdeva gestionó muelles, infraestructura ferroviaria y portuaria, además de administrar recursos destinados a obras sociales, caminos y diversos proyectos comunales, vinculando su historia al auge bananero y al ferrocarril al Atlántico.
Sin embargo, a partir de la década de los 90, el comercio mundial y la estructura portuaria sufrieron una transformación profunda. La llegada de terminales modernas, con logística integrada y tecnología avanzada, obligó a muchos países a migrar hacia modelos de concesiones y alianzas público-privadas. En Costa Rica, la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín a APM Terminals resultó en que esta última absorbiera la mayor parte del movimiento de carga, reduciendo drásticamente el volumen operativo de Japdeva.
Este desplazamiento operativo desencadenó una crisis financiera y laboral. La institución comenzó a arrastrar problemas de rigidez administrativa, pérdida de competitividad y una burocracia creciente. Durante el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010), se intentó implementar una reingeniería parcial para mitigar estos efectos. No obstante, el proceso fue complejo debido a implicaciones legales y sociales, ya que la institución se encontraba limitada por sindicatos con prebendas cuantiosas y un gasto laboral que crecía mientras la inversión se estancaba.
A pesar de los intentos de administraciones posteriores, Japdeva ha seguido enfrentando dificultades tecnológicas, administrativas y financieras que han impedido la atracción de inversión nacional y extranjera. A pesar de contar con propiedades, activos logísticos, canales y una infraestructura portuaria considerable, la entidad no ha logrado generar los ingresos esperados a través de servicios de muellaje, almacenamiento, alquileres y atención de buques.
En la actualidad, el gobierno impulsa una estrategia integral para modernizar el puerto de Limón y apoyar miles de emprendimientos locales mediante capital semilla. Asimismo, se priorizan proyectos urgentes en seguridad, vialidad, ordenamiento territorial e infraestructura social. El nuevo marco jurídico es una pieza clave en este plan, aunque se ha advertido que la firma de la ley no implica la ejecución inmediata de las obras.
Antes de que la marina y la terminal de cruceros se conviertan en realidad, Japdeva deberá cumplir con una serie de pasos críticos: emitir su reglamento interno, definir el modelo exacto de las alianzas, realizar los estudios técnicos de factibilidad y atraer a los inversionistas capaces de ejecutar la obra. Todo este proceso deberá regirse bajo principios estrictos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
El desafío final reside en superar la inercia del "Estado empresario", caracterizado por el exceso de trámites, la fragmentación institucional y la lentitud administrativa. Si bien la reforma elimina las barreras jurídicas que paralizaban la inversión, la verdadera prueba será la capacidad de la administración para transformar estas herramientas legales en empleos, obras concretas y un desarrollo regional sostenible para el Caribe costarricense.
