América Latina atraviesa un momento de transformación política acelerada, donde los ciclos tradicionales han dejado de avanzar de manera gradual para cambiar de dirección con una velocidad inesperada. Este fenómeno ha sido denominado por The Economist como la “ola naranja”, en alusión al tono de piel de Donald Trump, describiendo una tendencia que va más allá de una simple preferencia ideológica. Se trata de una nueva forma de hacer política que prioriza el liderazgo personalista, la confrontación permanente y una profunda desconfianza hacia las instituciones tradicionales.
Esta corriente se caracteriza por el impulso al achicamiento del Estado, el uso masivo de redes sociales e inteligencia artificial para una comunicación emocional, la implementación de guerras culturales y la promesa de mano dura contra la migración ilegal y el crimen organizado. Sin embargo, el motor principal de este cambio no es únicamente la ideología, sino la decepción ciudadana. El análisis indica que no se trata de una alternancia convencional entre izquierda y derecha, sino de un voto de castigo contra los oficialismos.
El impacto de este giro es evidente en los resultados electorales. Desde el regreso de Trump, las derechas han ganado las siete elecciones presidenciales celebradas en los últimos dieciocho meses y se han impuesto en 13 de las 16 elecciones ocurridas entre 2023 y 2026. Ninguna de las grandes olas políticas anteriores en la región había avanzado con semejante rapidez y amplitud territorial, especialmente considerando que hace pocos años las seis principales economías latinoamericanas estaban bajo administraciones progresistas.
Actualmente, doce países integran un espacio político con una relación privilegiada con Washington. En este grupo se encuentran Argentina, Ecuador y Paraguay (2023); El Salvador, Panamá y República Dominicana (2024); Bolivia, Chile, Ecuador nuevamente y Honduras (2025); así como Costa Rica, Colombia y Perú (2026). En el extremo opuesto permanecen México, Brasil, Uruguay y Guatemala, además de las dictaduras de Cuba y Nicaragua, y el régimen de Venezuela.
En este escenario, la elección brasileña del próximo 4 de octubre se perfila como el principal punto de inflexión. Si Brasil gira hacia la derecha, el mapa regional alcanzaría una configuración inédita, quedando México como el único gran gobierno de izquierda en el continente, acompañado solo por Guatemala y Uruguay. De lo contrario, una reelección de Lula representaría un límite firme a la expansión de la "ola naranja".
Es fundamental entender que este fenómeno es una tendencia al voto antiincumbente que cobra fuerza desde 2018. La ciudadanía no está premiando necesariamente propuestas conservadoras, sino castigando a gobiernos progresistas que no lograron ofrecer seguridad, crecimiento económico, empleo, servicios públicos de calidad y una lucha efectiva contra la corrupción. Las victorias de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia confirman que la inseguridad y el crimen organizado son ahora la prioridad máxima del electorado.
Ante el miedo cotidiano, el discurso de orden y autoridad de la derecha ha conectado mejor con la demanda de protección que las explicaciones estructurales de las izquierdas. Esto ha dado lugar a la enorme influencia del “modelo Bukele”, donde la promesa de intercambiar libertades por seguridad resulta seductora. No obstante, exportar este modelo es complejo debido a las diferencias institucionales y territoriales, además de los riesgos asociados al debilitamiento del Estado de derecho y las violaciones de derechos humanos.
En el ámbito económico, la región enfrenta lo que la Cepal denomina una triple trampa: crecimiento insuficiente con baja productividad e inversión; alta informalidad, pobreza y desigualdad; e instituciones débiles. La creación de empleo formal, especialmente para los jóvenes, es vista como una condición indispensable para la estabilidad política y la paz social.
Finalmente, la legitimidad de esta nueva derecha está estrechamente ligada a Donald Trump, quien ha intervenido en favor de sus candidatos. No obstante, el mandato de Trump concluirá en poco más de dos años y enfrentará elecciones legislativas en noviembre que podrían limitar su margen de maniobra. Si Washington modifica prioridades como la Estrategia de Seguridad Nacional, la doctrina Monroe o el Escudo de las Américas, los mandatarios regionales deberán redefinir sus estrategias exteriores.
A pesar de esto, la "trumpificación" parece tener recorrido, con elecciones clave en 2027 en Guatemala, El Salvador y Argentina. La lección final es que las sociedades latinoamericanas no han firmado cheques en blanco; sus mandatos están condicionados a resultados concretos en seguridad y economía. Si los nuevos gobiernos no cumplen, el mismo voto de castigo que los llevó al poder podría girar nuevamente en su contra.
