Federico Sturzenegger compareció nuevamente ante el Senado de la Nación para defender un ambicioso proyecto de reforma a la ley de sociedades. La iniciativa, que busca modernizar la normativa vigente, comenzó a generar eco internacional antes que local, luego de que Javier Milei y el propio Sturzenegger publicaran un artículo conjunto en el Financial Times. En dicho texto, ambos desarrollaron el marco ideológico que sustenta la propuesta de reforma a la ley de sociedades.
Los ejes centrales del proyecto se enfocan en flexibilizar las reorganizaciones empresariales, implementar la digitalización de las registraciones societarias y, el punto más disruptivo, habilitar que los directorios de las empresas no estén compuestos exclusivamente por seres humanos, permitiendo la incorporación de agentes de Inteligencia Artificial (IA).
Este último punto ha sido el centro de las discusiones y el más paradigmático de la propuesta. La iniciativa llamó la atención de Yuval Harari, referente global en la integración de la IA en las sociedades, quien respondió a través del mismo periódico británico. Harari manifestó su preocupación señalando que no sería sencillo disuadir a estas entidades de participar en actividades ilegales, dado que la sanción máxima, que es la cárcel, resulta irrelevante para una IA. Ante estas críticas, Sturzenegger utilizó la instancia parlamentaria en el Senado para responder que no existe motivo alguno para considerar que la inteligencia artificial vaya a ser más insegura que un ser humano.
El ministro fue enfático al reconocer la incertidumbre sobre los resultados, pero subrayó la importancia de experimentar. "¿Va a funcionar esto? No lo sabemos. ¿Vale la pena para la Argentina intentarlo? Claro que sí, porque si esto efectivamente funciona abre la puerta para un desarrollo que quizás no hubiéramos imaginado", insistió durante su defensa del proyecto.
Sin embargo, la comunidad tecnológica nacional ha recibido la propuesta con visiones encontradas. Alan Daitch, cofundador de Digodat y divulgador de IA, calificó el intercambio como un "falso debate". Según Daitch, habilitar sociedades automatizadas no cambia la esencia de la responsabilidad, ya que siempre habrá una presencia humana que, en última instancia, deberá responder si el algoritmo comete un error. Además, sugirió que el cambio real podría venir en legislaciones posteriores, posiblemente mediante diferenciales impositivos para promocionar este modelo.
Desde una perspectiva más crítica, Irina Sternik, autora de “Inteligencia Artificial, el futuro llegó hace rato”, señaló que en la discusión de estas normas, presentadas como revolucionarias, se ha omitido la participación de organizaciones civiles y expertos. Sternik reclamó una explicación más clara para los ciudadanos sobre los beneficios de estas medidas y cuestionó la utilidad de fomentar empresas con ausencia de trabajo humano.
En cuanto a los aspectos técnicos, el especialista Hugo Delboy advirtió que la redacción final de la reforma —que consta de 277 artículos— debe incluir definiciones precisas de parámetros técnicos para los agentes de IA. Delboy sugirió la implementación de estándares de auditoría algorítmica, protocolos de testing, umbrales de autonomía, seguros de responsabilidad civil y mecanismos de desconexión, asegurando así que la competencia se mantenga dentro de un marco técnico-legal y que exista el alcance de una persona para intervenir frente a la IA.
Por otro lado, Santiago Siri, presidente de Democracy Earth Foundation y autor de Tecnosapiens, mostró un optimismo mayor. Calificó la propuesta como audaz y sin precedentes mundiales, señalando que tiene el potencial de insertar a la Argentina en la conversación global sobre IA, atrayendo capital e interés debido a la naturaleza de la legislación. Siri consideró que, dado que los agentes de IA están ganando niveles de autonomía, no es descabellado crear un vehículo legal adaptado al siglo XXI.
Lucas Arias, ingeniero informático de la UTN, coincidió en que el proyecto va en la dirección correcta y representa un paso de madurez institucional al reconocer que las decisiones empresariales ya no son exclusivas de las personas. No obstante, advirtió que la viabilidad real depende de resolver quién responde cuando un sistema autónomo cause daños. Arias señaló que, si bien el vacío regulatorio actual aleja a fondos internacionales que ven a Argentina como hub de IA, el impacto inicial de la ley podría verse más en la recaudación fiscal que en la inversión productiva. Explicó que estructuras offshore podrían relocalizarse en Argentina por el marco conveniente, generando ingresos fiscales, pero no necesariamente empleo calificado o transferencia tecnológica. Para evitar esto, sugirió complementar la ley con la figura de un responsable humano designado con obligaciones explícitas de supervisión.
El proyecto de reforma de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales ya tuvo su primer debate de comisión en el Senado, donde diversos actores coinciden en la necesidad de un debate exhaustivo para eliminar ambigüedades en su redacción.
