El silencio se ha impuesto sobre los escombros en Venezuela. Tras 30 horas de ardua labor, los grupos de rescatistas han cerrado las operaciones en diversas estructuras donde los sensores de vida dejaron de emitir señales, transformando la esperanza en resignación. Aunque recientemente se celebró el salvamento de un hombre de 43 años que sobrevivió ocho días bajo los restos de edificios en el balneario de La Guaira, el balance general es devastador. Historias como la de Hernán Sandoval, un marinero de 26 años que aún busca desesperadamente a su hijo Ronald, de 8 años, y a sus dos sobrinos, reflejan el drama humano de miles de familias que recorren hospitales y albergues sin obtener respuestas.
La catástrofe se originó la noche del miércoles 24 de junio, cuando el suelo venezolano sufrió un fenómeno que los expertos describen como un evento sin precedentes en la historia reciente de la región. No se trató de un sismo convencional seguido de réplicas, sino de lo que los científicos denominan un “doblete sísmico”. Dos eventos de magnitud masiva, uno de 7,2 y otro de 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, afectando las fallas de Boconó y los sistemas de San Sebastián y Oca-Ancón.
Marcos Ferreira, geofísico e investigador del Servicio Geológico de Brasil, explicó que esta sucesión de sismos amplificó la vibración y aumentó el peligro potencial. Al liberarse la energía acumulada durante más de un siglo a profundidades superficiales (entre 10 y 22 kilómetros), la violencia del impacto fue directa, impidiendo la disipación de la energía y provocando el colapso de numerosas construcciones en la capital y la zona balnearia.
El análisis técnico revela que la arquitectura urbana fue un factor determinante en la mortandad. Eduardo Miranda, profesor de ingeniería de la Universidad de Stanford, señaló la prevalencia de las llamadas “plantas blandas” —edificios con plantas bajas abiertas para estacionamientos sostenidas por columnas delgadas—, que al combinarse con suelos blandos provocaron colapsos tipo “sándwich o panqueque”. Por su parte, el ingeniero estructural David Cocke indicó que muchas torres de concreto antiguas colapsaron como un acordeón debido a la falta de conexiones de acero de refuerzo modernas.
Llama la atención que la destrucción no afectó solo a estructuras antiguas de las décadas de 1950 y 1960. Juan Carlos Vielma, ingeniero civil venezolano, manifestó su perplejidad ante el desplome de edificios construidos recientemente bajo las normas vigentes. El impacto ha sido masivo: análisis de inteligencia artificial de Microsoft sobre imágenes de Catia La Mar sugieren que un tercio de las 30.000 estructuras de la ciudad resultaron dañadas, mientras que la NASA estima que hasta 58.000 edificaciones fueron afectadas en total, con cerca de 200 colapsos totales entre La Guaira y Caracas.
Sin embargo, el saldo provisional de más de 2.500 muertos y miles de desaparecidos no es solo producto de la geología. La crisis económica y humanitaria de las últimas dos décadas bajo el régimen chavista exacerbó la tragedia. El país enfrentó el desastre con un sistema de salud desmantelado, hospitales sin anestesia ni gasas, y una pérdida drástica de personal calificado debido al éxodo de más de 7 millones de profesionales. La falta de un sistema de alerta temprana y la obsolescencia de los equipos de Protección Civil y Bomberos, sumada a la escasez de combustible, obligaron a los ciudadanos a remover escombros con sus manos desnudas.
La precariedad también llegó a la construcción, donde la corrupción y la falta de fiscalización permitieron el uso de cemento degradado y materiales de baja calidad. Además, la pobreza extrema llevó a millones de personas a habitar laderas inestables, provocando deslaves y licuefacción del suelo durante los sismos.
Actualmente, la situación humanitaria es crítica. Mientras el gobierno reporta 13.000 damnificados, la ONU estima que la cifra podría alcanzar los siete millones de personas. Miles permanecen en campamentos precarios, canchas deportivas o estacionamientos. Fátima Berroterán, residente de La Guaira, denunció la falta de carpas, agua y medicamentos, especialmente para personas discapacitadas.
A nivel internacional, 27 países han desplegado 2.000 efectivos y 160 perros de rescate. La ONU ha suministrado 10.000 bolsas mortuorias y el Programa Mundial de Alimentos ha solicitado 50 millones de dólares para asistir a 500.000 personas. Las pérdidas económicas se calculan en 6.700 millones de dólares, equivalente al 6% del PIB del país. Mientras la OMS advierte sobre el riesgo de epidemias por la presión sobre los servicios sanitarios, la tensión política aumenta. Opositores exiliados piden que el gobierno sea apartado de la reconstrucción, mientras el oficialismo, que ha estrechado lazos con Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero, anuncia un plan acelerado de vivienda.
